Apunte

Ignacio Martínez

Se acabó el verano

EL Gobierno tiene lo que Boris Izaguirre llamaría un momento progresista. El jueves el vicesecretario general del PSOE anunció una subida de impuestos. La filosofía de la medida es impecable: de los que más tienen para los que más necesitan. Pero en la práctica, significa que los que tienen nóminas más altas van a pagar más a Hacienda, para compensar el déficit público galopante. Un gasto excesivo provocado por el aumento del paro, pero también por administraciones públicas sobredimensionadas, alguna de las cuales hace tiempo que ha dejado de tener sentido: las ocho diputaciones andaluzas le cuestan todos los años a los contribuyentes unos 1.700 millones de euros, diez veces más que hace 20 años.

El dinero que necesita el Gobierno lo tendría ya con creces si no hubiese tomado medidas oportunistas en momentos liberales: como el cheque bebé de 2.500 euros para los hijos de ricos y pobres o la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes. Dos frivolidades salidas de la chistera electoral en aquella época feliz en la que la crisis era un invento de una "oposición antipatriota".

El lado bueno de la declaración de José Blanco es que ha acabado con el culebrón del verano, alimentado por los juniors del PP: lo de que España es un estado policial. Junior no sólo es un concepto generacional o una categoría orgánica, también es signo de escasa autoridad. Ana Mato tendrá muchos trienios, pero cuando dice que "toda España" sabe que hay escuchas telefónicas ilegales, se le nota demasiado que no se lo cree ni ella misma.

Lo que plantea el número dos del PSOE es largo y ancho. Para empezar, los ricos de verdad no tributan por IRPF. Tienen sociedades de cartera con privilegios fiscales. A quienes el Gobierno les va a meter un mordisco en su renta no es a esos ricos, ni a los profesionales liberales que declaran sólo una parte de sus ingresos, o tienen sociedades unipersonales para tributar a un tipo inferior al del IRPF, sino a la clase media-alta que tiene una nómina con más de 60.000 euros anuales. Son sólo el 4% de los contribuyentes. El Gobierno corre pocos riesgos electorales con este pronto progresista, con el que han terminado las vacaciones políticas.

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