Editorial

Los aforados en el caso de los ERE

EL escrito presentado por los fiscales Anticorrupción de Sevilla solicitando a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, que eleve al Tribunal Supremo la parte de sus diligencias que afecta a personas aforadas es más que razonable. La Fiscalía, que en el pasado ha mantenido diversos desencuentros con la instructora, considera que una vez la Intervención General del Estado presentó su informe pericial sobre la legalidad del procedimiento arbitrado por la Junta de Andalucía para conceder los fondos públicos que han dado lugar al escándalo de los ERE la investigación al respecto está ya agotada, y procede su remisión al Supremo por la presunta implicación en el mismo de políticos que gozan de un fuero especial que impide su comparecencia o juicio por tribunales ordinarios. Es el caso de los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán y de cinco de sus ex consejeros de Hacienda, Economía y Empleo, todos ellos simplemente "preimputados", es decir, señalados por la juez como imputables en el futuro. Dejando aparte este extraño concepto de la preimputación, lo que vienen a decir los fiscales es que si la investigación judicial se dirige a, o se topa con, políticos aforados, no hay más remedio, en cumplimiento de la legislación, que elevar lo instruido al Tribunal Supremo, dado que los siete antes citados son diputados o senadores. Hay que resaltar que la Fiscalía no se propone con su escrito hurtar a la titular del Juzgado de Instrucción número seis el control de la instrucción en todos sus aspectos, sino en éste de los aforados en concreto. Expresamente indica el escrito de la Fiscalía que la juez Alaya tiene mucho por instruir todavía, aunque pase la pieza citada al Alto Tribunal, ya que está pendiente de concluir todo el resto del sumario, correspondiente a cada expediente de ayuda sociolaboral o ayuda directa a empresas sin cumplir el procedimiento vigente o incluyendo "intrusos" en numerosos ERE y a las comisiones irregularmente elevadas que percibieron aseguradoras, mediadores, despachos de abogados y conseguidores al amparo del poder político. Atender la demanda de los fiscales supondría, eso sí, evitar la incoación de una causa general contra el Gobierno andaluz y alejaría la hipótesis de una trama planificada desde la cúpula de la Junta autonómica para prevaricar y desviar fondos públicos en cantidades millonarias por motivos clientelares y electorales. En cualquier caso, la ley obliga a respetar que los aforados tienen que dar cuenta de sus actuaciones ante el Tribunal Supremo si son diputados o senadores. Los apuntados por la Fiscalía lo son. Mercedes Alaya debe obrar en consecuencia. Siguiendo con su parte e inhibiéndose en el resto.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios