EN la vorágine provocada por las medidas que anunció el presidente Rajoy el miércoles, ha pasado de puntillas una que no ha salido en el BOE: quiere el Gobierno rebajar dos puntos las cotizaciones sociales de los trabajadores, uno este año y otro el próximo. Esta noticia, que comentaba el profesor Jesús Cruz Villalón en El País el sábado, tiene dos lados buenos y uno inquietante. Los buenos son el procedimiento y la consecuencia inmediata. Por fin una reforma que se envía al Congreso para su discusión, en el marco del Pacto de Toledo, y posterior elaboración de una norma. Así se tendría que haber hecho con todo. Y el efecto inmediato es el abaratamiento de los costes laborales, en torno a un seis por ciento.

El riesgo es que estamos ante una medida que no es un recorte en los gastos, sino en los ingresos del Estado. Un punto de rebaja en las cotizaciones se calcula en 3.200 millones. Dos, son casi 6.500. La propuesta, comentada de viva voz por Rajoy y Montoro, llega acompañada de la eliminación de muchas de las bonificaciones actuales a la contratación. Es difícil que una cifra se compense con la otra. No hay datos. Pero lo que es incontestable es que una reducción tan drástica en las contribuciones hace el actual sistema de financiación de la Seguridad Social inviable. Lo que significa que el Congreso tendrá que encontrar nuevas vías de ingresos para pagar las pensiones, que pueden ser las que el socialdemócrata Schröder impuso en Alemania a principios de los 2000, a través del IVA.

La UE lo que le pide a España no es que abarate las pensiones. Pero ese es justamente el peligro que planea sobre todo cambio de sistema. Lo que sí le reclaman al Gobierno es que acelere la implantación de los 67 años como fecha de jubilación, que se iba a poner en marcha de manera suave a partir del año próximo, para que estuviese plenamente vigente en 2027. También estaba previsto un proceso lento en el cálculo de la pensión desde lo cotizado en los últimos 15 años a los 25. Ahora se plantea que sea toda la vida laboral.

Estas medidas no son necesariamente malas. Pero hay que saberlas con tiempo, para poder adaptar a la legalidad las carreras. De hecho, los ingresos en la Seguridad Social aumentaron sensiblemente cuando en los primeros 80 el Gobierno de Felipe González pasó de dos a 15 los años para calcular la pensión. Hasta entonces mucha gente cotizaba poco hasta los dos últimos años. Por cierto, aquella reforma le costó a González la ruptura con la UGT de Nicolás Redondo.

Total, que ahora las reformas llegan a las pensiones, que suponen más de 100.000 millones de euros al año. Y es un asunto delicado desde el punto de vista electoral: son casi seis millones de votos en todo el país. Afortunadamente el Gobierno aplica aquí un acertado procedimiento, la discusión parlamentaria. Pero vienen curvas.