La tribuna

Joaquín Moya-Angeler Cabrera

La alianza público-privada en I+D+I

ANDALUCÍA afronta en los próximos seis años una de las etapas más relevantes para su futuro. Hasta 2013, la Comunidad Autónoma va a contar con una importante dotación de recursos procedentes de la Unión Europea para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, y es tarea de todos los agentes económicos y sociales, ya sean públicos o privados, ponerse a trabajar para que esa dotación se aproveche y sirva para dar un necesario impulso a la competitividad de la economía andaluza.

En concreto, a Andalucía le corresponden inicialmente cerca de 900 millones de euros procedentes del Fondo Tecnológico de la Unión Europea para España. De esta cantidad, 400 millones se destinarán directamente a proyectos empresariales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), cuantía que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) va a complementar con otros 600 millones. Son, por tanto, un total de 1.000 millones de euros los que tiene a su alcance esta Comunidad para financiar propuestas empresariales de I+D+I hasta 2013.

Pero que Andalucía obtenga o no esta dotación extraordinaria dependerá de la capacidad de articular proyectos de calidad que se hagan merecedores de esta financiación. Y aquí es donde el trabajo conjunto desde el ámbito público y el privado se presenta como crucial.

Desde las administraciones públicas se están creando instrumentos con este enfoque -basten los ejemplos de la reciente creación del Ministerio de Ciencia e Innovación a nivel nacional o, en Andalucía, la puesta en marcha en la anterior legislatura de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-, que tienen la responsabilidad de facilitar el trabajo de las empresas. Pero en este camino es fundamental que quienes lleven la iniciativa sean estas últimas. De poco valen los instrumentos, incentivos o medidas que puedan desarrollarse desde el ámbito público si las empresas no interiorizan la necesidad acuciante de incorporar la innovación a su día a día, aunque sólo sea para garantizar su supervivencia.

Los datos nos dicen que en 2006 el gasto andaluz en actividades de I+D representaba el 0,90% del Producto Interior Bruto (PIB), y que este desembolso lo realiza mayoritariamente el sector público, con un 67% del total, mientras que las empresas gastan el 33%. Ello nos indica de forma clara que para acercarnos al objetivo del 2% del PIB marcado por la Iniciativa Ingenio 2010 para el final de esta década hace falta un crecimiento importante de la iniciativa privada.

En este sentido, la Fundación que presido, Corporación Tecnológica de Andalucía, nació hace dos años y medio con un enfoque bastante diferente al generalizado hasta entonces: son las empresas miembros las que, al incorporarse, realizan una aportación económica que se destinará a financiar proyectos de I+D+I, lo que supone la expresión de su compromiso por impulsar este tipo de actividades.

La Corporación es, de hecho, un ejemplo inédito de partenariado público-privado. Su creación fue iniciativa de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Innovación, pero se gestiona como una empresa privada y en ella sus protagonistas son las más de cien empresas miembros que se han sumado a esta iniciativa, junto con las universidades y centros de investigación andaluces. Con esta alianza se pretende favorecer la investigación aplicada -capaz de dar lugar a nuevos productos y servicios en el mercado- y la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el productivo de la Comunidad.

En este sentido, junto con la necesaria iniciativa de las empresas, no hay que olvidar la importancia de seguir potenciando la capacidad científica y los recursos humanos de las universidades. Sin detrimento de la investigación básica, es prioritario acercar la formación y la investigación universitaria a las necesidades empresariales. Asimismo, tenemos el reto de seguir mejorando el conocimiento mutuo, el intercambio de información y la cooperación entre estos mundos, que no pueden ser compartimentos estancos en los que uno no sabe lo que hace ni lo que necesita el otro.

En definitiva, Andalucía tiene frente a sí un examen cuya preparación requiere que todos hagamos los deberes y en el que -no hay que olvidarlo- si suspendemos no habrá posibilidad de repetir curso, y si aprobamos, la sociedad en su conjunto se verá beneficiada. Estoy convencido de que Andalucía tiene la capacidad y el potencial para aprovechar esta oportunidad.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios