EL Consejo General del Poder Judicial renovado por el Gobierno socialista ha confirmado la multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado hace tres meses por el anterior Consejo tras el caso Mari Luz. Hasta 5 de los 9 vocales nombrados a propuesta del PSOE han votado en ese sentido (la votación se decidió por 14 votos contra 7). Si dos consejos de signo ideológico opuesto adoptan la misma decisión es porque han actuado conforme a Derecho y no por los intereses políticos y las presiones del Gobierno. Tal como dijo el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, en el caso Mari Luz ha fallado todo el sistema y nadie está exento de responsabilidad. Si además del juez -con una clara responsabilidad in vigilando- y de la secretaria judicial -responsable de no ejecutar la sentencia dictada- no hubieran fallado la Fiscalía y la Junta de Andalucía -que ni advirtieron de la peligrosidad del pederasta asesino ni pidieron la ejecución de la misma- no se habría cambiado a posteriori el sistema de control de las ejecutorias, ni el Gobierno habría implantado un sistema nacional de alertas judiciales informáticas. Este escandaloso caso dejó además patente todas las insuficiencias de la Justicia, la cenicienta entre los poderes del Estado, de ahí el afán del Ejecutivo de eludir sus responsabilidades y desviar la atención de la indignada opinión pública exclusivamente hacia el juez Tirado, al que se trató de convertir en el único cabeza de turco aplicándole la máxima sanción posible en vez de la multa de 1.500 euros. Pero en un Estado de Derecho la Justicia sólo puede aplicar la ley; no puede ir más allá de la ley, esa ley que aprobaron los mismos políticos que ahora se rasgan las vestiduras por parecerle alicorta. El CGPJ ha calificado de "grave" la conducta del juez Tirado justamente por no ser el único responsable de la cadena de errores y ante la falta de medios materiales y humanos de su juzgado; y conforme al régimen disciplinario de los jueces, a una conducta "grave" le corresponden sólo 1.500 euros de multa. Si la sanción escandaliza, no debe olvidarse que quien fijó esas cuantías no fue el CGPJ, sino la clase política en las Cortes, de ahí el anuncio de cambiar la ley para reformar en profundidad el régimen disciplinario de los jueces. Es lo único sensato que en esta penosa historia ha hecho el Gobierno.