apunte

José Antonio Carrizosa

20 años

ESTE Día de Andalucía se ha cumplido el vigésimo aniversario del comienzo de las emisiones de Canal Sur Televisión. Perspectiva temporal más que suficiente para concluir que los andaluces no tenemos la televisión pública que nos merecemos. Intenten hacer un ejercicio de memoria para recordar siquiera media docena de programas que a lo largo de este tiempo hayan cumplido, en su primera cadena, la misión de servicio público que se le supone a una emisora fuertemente subvencionada con el dinero de todos. Ha habido, lógicamente, excepciones y algunas muy notables. Basta mirar el mosaico de profesionales con los que Francisco Andrés Gallardo ilustraba el pasado viernes en este periódico su evocación del nacimiento del Canal. Pero no arriesgo mucho si apuesto a que la imagen que en estas dos décadas se ha formado usted de la programación tiene mucho más que ver con la colonización política y con la programación chabacana que con los contenidos que teóricamente corresponden a una televisión pública.

En unos momentos en los que una crisis económica de profundidad todavía desconocida está afectando de manera muy seria a los medios de comunicación, es conveniente analizar si tiene sentido una televisión pública que consume ingentes cantidades de recursos públicos para ofrecer un producto que en muy poco o en nada mejora la oferta de las cadenas puramente comerciales. Es una competencia que no se produce en términos de igualdad: los Presupuestos cada vez más engordados contra un mercado cada vez más escuálido. Canal Sur se va a gastar este año 247 millones de euros, de los que 181, un 73%, corresponden a subvenciones de la Junta. Las cifras se comentan solas.

En Andalucía una televisión pública tiene sentido. Lo tiene porque todavía es mucho el camino que hay que recorrer en la vertebración de la región y porque la elevación de los niveles educativos es la gran asignatura pendiente de la comunidad autónoma. Lo que hay que preguntarse es si la televisión pública que se ha hecho aquí desde 1989 es la que Andalucía necesitaba. Desgraciadamente, la única respuesta posible es no.

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