NO hace falta ponerse catastrofistas ni colocarse la venda antes de que surja la herida para describir la situación financiera que los nuevos alcaldes se están encontrando en sus respectivos ayuntamientos. En el caso de los alcaldes que han sido reelegidos ya lo sabían de antemano: las arcas municipales están exhaustas, la deuda de los municipios andaluces asciende a 4.500 millones de euros -la sexta parte, aproximadamente, del total de la deuda de los ayuntamientos españoles- y la morosidad ha causado estragos en numerosas empresas proveedoras y prestadoras de servicios. Las diputaciones tampoco podrán ayudar mucho, puesto que su propio endeudamiento supera globalmente los mil millones. A los problemas endémicos de la financiación de los entes locales, que se viene arrastrando desde los albores de la democracia, se han unido en los últimos años los derivados de la crisis económica, que ha restringido las inversiones de otras instituciones públicas y ha hecho caer ostensiblemente los ingresos municipales (en particular, los otrora sustanciosos procedentes de la actividad inmobiliaria). Para terminar de dibujar el panorama sombrío de las finanzas municipales hay que referirse a la política de gastos acometida durante muchos años por unas corporaciones exigidas por la creciente demanda de servicios por parte de la ciudadanía y la inconsciencia de numerosos regidores, que han creído de buena fe que los tiempos de vacas gordas no terminarían nunca. Los nuevos ayuntamientos aparecen, así, urgidos sin remedio a aplicar políticas de máxima austeridad y transparencia, decisiones radicales sobre la prioridad de inversiones y gastos y aproximación a las inquietudes de una ciudadanía desencantada, pero cada vez más exigente. La labor de los alcaldes y concejales flamantes va a ser examinada con lupa y no se les va a perdonar que gestionen sus ayuntamientos con la frivolidad de otros tiempos o subordinándose a estrategias políticas ajenas a aquello para lo que han sido elegidos.