LA anulación o drástica reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue siendo una de las asignaturas pendientes del actual Gobierno andaluz. No se olvide que esta medida formaba parte del pacto entre el PSOE y C's para la investidura de Susana Díaz como presidenta y que el mismo Partido Socialista la llevaba en su programa electoral. Sin embargo, las negociaciones entre las dos formaciones al respecto se están eternizando y no se termina de llegar a ningún acuerdo. Parece claro que esta parálisis no se debe a una falta de capacidad negociadora por parte de los responsables, ya que sí se ha podido, por ejemplo, acordar la reducción en dos puntos del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores de 60.000 euros. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué seguimos teniendo uno de los impuestos de Sucesiones más gravosos del país? ¿Por qué se somete a los ciudadanos andaluces a este agravio comparativo? Sencillamente porque a la Hacienda de nuestra comunidad autónoma no le salen las cuentas y teme que, si elimina este impuesto, no podrá recaudar lo suficiente para mantener algunos servicios básicos del Estado de bienestar.

Sin embargo, la aplicación de este gravamen está provocando que algunas fortunas se empadronen en otras comunidades para no tener que pagarlo. El PP sostiene que son 30.000 los andaluces que forman parte de este "éxodo fiscal", mientras que el PSOE indica que sólo son 8.000 las "fortunas" que tributan por este concepto. Sea como fuere, lo cierto es que el impuesto adolece de una llamativa falta de progresividad, ya que sólo se aplica a partir de los 175.000 euros, pero en el momento que se sobrepasa en un euro esta cantidad se ejecuta sin ningún tipo de escala. Como suele pasar, este defecto en la tasa afecta principalmente a las muy castigadas clases medias, que ven cómo sus propiedades sufren una doble tributación, cuando la adquieren y cuando la transmiten a la descendencia.

Recientemente, el Parlamento andaluz rechazó con los votos del PSOE, Podemos e IU la toma en consideración y consiguiente tramitación de una proposición de ley presentada por el PP para la supresión del impuesto y que iba acompañada de 327.000 firmas de ciudadanos andaluces. Habría sido un buen momento para que los socialistas hubiesen accedido a llegar a un pacto con PP y C's al respecto. Al fin y al cabo, lo único que se pretende es que se cumpla un compromiso del propio PSOE.