LA orden de cierre del edifico de la calle Diego de Riaño, dictada por la Junta, supone una desautorización en toda regla al Ayuntamiento de Sevilla. Que la seguridad de un edificio donde trabajan habitualmente funcionarios se convirtiera en un episodio más de la confrontación interna en el gobierno municipal da idea de hasta dónde han llegado las cosas en el Consistorio sevillano. La orden de cierre llegó apenas 24 horas después de ordenarse su reapertura y de que los trabajadores se vieran forzados a reincorporarse a sus puestos. En este lamentable asunto se ha dado la impresión de que se ha jugado con algo tan importante como la seguridad o que, por lo menos, se ha actuado con demasiada ligereza.
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