análisis

Fernando / Faces

2012: algo más que austeridad

El ajuste es una condición previa y necesaria para recuperar la confianza de los mercados, pero nos engañaríamos si pensamos que es suficiente: si no crecemos volverán a castigarnos con mayor virulencia

Amuchos ciudadanos se nos puso cara de tontos confiados cuando, incrédulos, escuchábamos las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que, tras la celebración del Consejo de Ministros, nos decía, que como consecuencia del déficit imprevisto del 8%, superior al anunciado por el Gobierno saliente, se veían obligados a tomar medidas extraordinarias recortando el gasto público en 8.900 millones de (medida que se esperaba) y aumentando los impuestos (IRPF e IBI) hasta 6.276 millones (medida que no esperábamos). Sabíamos que el año 2012 iba a ser un año duro, con recortes y desempleo creciente. España, que estaba apunto de entrar en una nueva recesión, se veía obligada a recortar el déficit público hasta el 4,4% al final del próximo año. Bruselas y los mercados financieros nos lo exigían. Incluso habíamos llegado al convencimiento de que la austeridad era una condición necesaria, aunque no suficiente, para volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. Pero estas inesperadas medidas agravaban la situación, ya que a corto plazo la caída del consumo y la inversión se agravaban y las perspectivas de creación de empleo se retrasaban hasta bien avanzado el año 2013.

No obstante, la actuación del Gobierno fue rápida y contundente. Se trataba de lanzar un mensaje de firmeza y de capacidad de decisión a nuestros socios europeos y a los mercados financieros. España quiere y puede pagar, y nunca aceptaremos la humillación de un rescate como el de Grecia, Irlanda o Portugal. Ha sido un trago amargo y contradictorio para un Gobierno que nos había prometido, hasta la saciedad, que la subida de impuestos no estaba ni en su ideología, ni en su programa. Al final, los ciudadanos nos hemos convencido de que tanto subir impuestos como reducir gastos no es ni de izquierdas ni de derechas, depende de la situación económica con la que haya que lidiar y de las exigencias de los acreedores y de los socios europeos. Todos los partidos actúan igual: se promete lo que más conviene (electoralmente) y luego se hace lo que se puede.

Las medidas extraordinarias fueron bien acogidas por los mercados: el Íbex subió, y la prima de riesgo descendió. Pero fue por poco tiempo. A los dos días, la prima de riesgo se disparó hasta los 377 puntos básicos y la Bolsa volvió a desplomarse. Y es que a los mercados no les gusta las sorpresas de déficits ocultos, y siguen desconfiando de lo que esconden algunas autonomías. Por otra parte, lo anunciado por la vicepresidenta es "el inicio del inicio", ya que faltan casi dos terceras partes del ajuste, que conoceremos en el mes de marzo, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Una espera demasiado larga y en la que todo puede ocurrir.

Pero España necesita austeridad y crecimiento. Sin crecimiento no podremos pagar nuestras deudas. La austeridad es una condición previa y necesaria, pero no suficiente para recuperar la confianza de nuestros acreedores. Estaríamos engañados si pensamos que los mercados financieros se darán por satisfechos con la austeridad. Si no crecemos volverán a castigarnos con mayor virulencia. La crisis de endeudamiento es lo que aflora y se manifiesta. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero en el fondo, nuestro gran problema es la competitividad. Hemos gastado e invertido los recursos que no teníamos. Pero lo más grave es que los hemos malgastado y asignado ineficiente e improductivamente. Para crecer tenemos que mejorar nuestra competitividad, lastrada por las rigideces de los mercados de trabajo, de financiación y de bienes y servicios. Si no podemos consumir e invertir más, por nuestro alto endeudamiento, tendremos que trabajar más y mejor, y reasignar más eficientemente los recursos escasos hacia sectores de futuro, y sobre todo hacia productos exportables, ya que con un mercado doméstico saturado y con exceso de capacidad productiva, el sector exterior es la vía ineludible para una pronta recuperación.

Sin embargo, estas políticas de oferta, políticas de mejora de competitividad, que son las únicas que nos pueden poner en la senda del crecimiento, todavía no han sido definidas por el nuevo gobierno. De nada nos habrán servido los recortes del gasto y las subidas de impuestos, si el Gobierno no acomete con celeridad, profundidad y firmeza lo que los economistas llamamos reformas estructurales. Otro gallo más alegre nos cantaría si estas reformas, orientadas a la mejora de la competitividad, hubieran ido por delante, o en paralelo, a los ajustes presupuestarios. Esta demora de más de tres años nos está costando muy cara.

Es necesario que cuanto antes se restaure y ponga en funcionamiento el colapsado sistema bancario: saneando sus balances, capitalizándolo, eliminando el exceso de capacidad productiva y regenerando los modelos y equipos de gestión. Todo con el único fin de que el crédito retorne a las empresas y las familias. Sin crédito no hay crecimiento. Pero que no se engañe el Gobierno, mientras los activos dañados sigan en los balances de las entidades financieras, el problema no se habrá resuelto, por muchas provisiones que se hagan y por más tiempo que se de a las cajas y bancos para su digestión con cargo a los futuros beneficios. Los mercados financieros seguirán desconfiando de la transparencia y suficiencia de este saneamiento. Es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y ya hemos visto los resultados: desconfianza creciente en nuestra banca y lenta agonía de nuestras empresas. Tampoco los crecientes requerimientos de capitalización van a resolver por si solos el problema, empeorando la capacidad crediticia de los bancos. En mi opinión, el gobierno ha desechado prematuramente la creación de un banco malo o alternativas similares no bancarias.

Urge también una verdadera reforma del mercado de trabajo. El consenso entre los agentes sociales no puede condicionar el alcance y profundidad necesarios de la reforma, cuando estamos al borde de una segunda recesión, inmersos en una diabólica espiral de destrucción de empleo, con más de cinco millones de parados y un 50% de paro juvenil. La reforma laboral, por si sola, no creará empleo, pero sí permitirá que el escaso crecimiento que se va a producir en los tres próximos años se transforme rápidamente en empleo. Pero quizás la reforma más apremiante sea la de la propia Administración. Un país no puede ser competitivo si su Administración Pública no lo es. No es suficiente con recortar los gastos linealmente, es necesario que se gaste mejor y se asignen los recursos públicos con eficiencia y eficacia, eliminando duplicidades y estructuras improductivas y suprimiendo empresas, agencias y fundaciones innecesarias. En definitiva adelgazar y redimensionar la Administración central y autonómica. En el último consejo de ministros se ha tratado este tema juntamente con una política global de lucha contra el fraude.

Sorprende que haya causado escándalo las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre la necesidad de avanzar hacia una previa supervisión centralizada de los presupuestos autonómicos, en un contexto en el que Europa avanza, a marchas forzadas, hacia la integración fiscal y presupuestaria con la necesaria cesión de soberanía. No obstante con consenso autonómico (lo más deseable) o sin él, el proceso es ineludible, en tanto en cuento el Gobierno debe responsabilizarse ante Bruselas del conjunto del Estado. La reforma del mercado energético es de las más urgentes desde el punto de vista de la competitividad, dado que el 85% del déficit comercial de España es atribuible al déficit energético, según el último informe del Banco de España. Debemos de avanzar, mediante un pacto de estado, hacia un mix energético suficiente e independiente, sostenible medioambientalmente y sobre todo competitivo, en el que se contemplen todas las energías disponibles.

Otras reformas como la liberalización del mercado de servicios, la Justicia y sobre todo la educación deberán abordarse con firmeza en esta legislatura. Solo si el Gobierno aborda esta ingente tarea con éxito, los ciudadanos daremos por justificada las subidas de impuestos, las transferencias de rentas al sector público, los recortes de salarios y los sacrificios que vamos a soportar en los dos próximos años. Habrá merecido la pena.

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