LA mayoría de los analistas ha destacado la acritud del debate entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. No es la primera vez que los partidos políticos afrontan una consulta electoral en medio de un descontento generalizado con la clase política, pero nunca hasta ahora habían aparecido en el horizonte otras opciones capaces de recolectar, entre los votantes hastiados con la mezquindad del debate político y la corrupción, una cantidad de votos lo suficientemente importante como para amenazar el equilibrio fáctico dominante. Puede que sólo sea nerviosismo ante la incertidumbre y lo que está en juego, pero lo cierto es que las cuestiones de fondo esgrimidas bien podrían haber conducido a los dos principales protagonistas a una significativa aproximación de posiciones.

De entrada, y a diferencia de otras ocasiones, el debate estuvo básicamente centrado en la economía. Como era de esperar, Rajoy enfatizó los logros alcanzados desde su llegada a la Moncloa, haciendo especial hincapié en el saneamiento de las finanzas públicas, el crecimiento y el empleo, para terminar vanagloriándose de haber conseguido liberar al país de la pesada carga heredada del Gobierno anterior y de introducirlo por la senda del bienestar y la prosperidad. Los datos esgrimidos durante el debate y los que diferentes instituciones han publicado en forma de previsiones para el presente año avalan la tesis del Gobierno, pero también hay otros muchos que avalan los argumentos de Pedro Sánchez.

España ha estado en el punto de mira de diferentes organismos internacionales desde que comenzó la crisis y la mayoría de ellos ha coincidido en destacar, por un lado, que si bien la prudencia aconsejaba una cierta dosis de austeridad con los recursos públicos con el fin de garantizar la sostenibilidad del estado, el exceso de celo en su aplicación podría resultar todavía más imprudente, debido a su previsible repercusión social y a sus efectos procíclicos. Por otro lado, que España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social desde el comienzo de la crisis, lo que significa que sólo la parte más próspera de la población se estaría beneficiando de la recuperación del bienestar, mientras que se mantiene la exclusión de los más desfavorecidos (parados de larga duración y de más de 45 años, jóvenes, inmigrantes, etc).

La razón absoluta no cae, por tanto, del lado del Gobierno ni de la oposición, sino de ambos al mismo tiempo, pero sobre todo pone de manifiesto que existe un terreno propicio para la convergencia en la búsqueda de una estrategia de salida de la crisis, aunque por el momento resulte intransitable debido al enfrentamiento canalla entre los partidos. La austeridad y el equilibrio de las finanzas públicas son imprescindibles para la estabilidad de la economía, sobre todo, si se necesita recurrir a la financiación externa, pero resulta inmoral que los primeros reflejos de la recuperación del bienestar se perciban en la bolsa, en la banca o en las propias finanzas del sector público, y que se consienta en la demora del acceso de las clases más necesitadas.