ESTAMOS convocados el día 25 para elegir un Parlamento andaluz que, como en las anteriores legislaturas, no cumplirá una de sus funciones primordiales: controlar al poder ejecutivo y analizar el funcionamiento de la Administración autonómica. El tremendo escándalo del dinero repartido durante diez años desde la Consejería de Empleo a parientes, enchufados, intrusos y amigotes, indica el estrepitoso fracaso de los partidos en su vertiente fiscalizadora. La juez Alaya, con su instrucción del caso ERE, y con el auto de marras que ha mandado a la cárcel a Guerrero, ha hecho más por suscitar el debate sobre el controvertido modelo de paz social a cambio de despilfarro, que los 109 parlamentarios andaluces. Muy conocidos en España por cantar villancicos en la Cámara.

Puede discutirse si Alaya, en 38 páginas, incluye algunos juicios de valor más basados en el razonamiento político que en el estrictamente jurídico. Pero al menos su prolija dedicación sirve para que en la opinión pública haya datos que permitan poner en cuestión una de las claves del fracaso político de la autonomía andaluza: convertir el presupuesto de la Junta en un patio de monipodio es pan para hoy y hambre para mañana. Y ya no sirve para mantener cautiva a la población, antes obnubilada por una apariencia de bienestar con tufo de caridad malentendida, que se basa en una colosal falacia. Mientras en otros territorios se procura que cada euro invertido genere diez de rendimiento, en Andalucía se reparten los euros de tal manera que provocan menos valor añadido que el dinero destinado a la compra de caramelos de las cabalgatas que nadie recoge del suelo.

La sociedad civil sevillana debe rendir homenaje a los interventores de la Junta que, en lugar de callarse, emitieron reiterados informes a sus jefes políticos argumentando el desaguisado que había en la Consejería de Empleo, y alertando para que se zanjara el descontrol. Se lo van a recordar todos los días a Griñán durante la campaña.

Para la galería de incoherencias sin recato a cuenta del fraude de los ERE, incluyan lo que dijo ayer Susana Díaz: "Guerrero debería llevar ya algún tiempo en la cárcel". Lo que se preguntan los ciudadanos no es eso, sino por qué se llevó diez años en el puesto de director general de Empleo, si ahora todos los jerifaltes socialistas, para huir de la quema, dicen que no sabían lo que hacía Guerrero. Con tal de escurrir el bulto antes de las elecciones, son capaces de decir que era un okupa que robaba de la tesorería cientos de millones de euros, con la misma jeta que el policía que robó los cien kilos de cocaína en los sótanos de la Jefatura Superior.