Editorial

Los ayuntamientos y sus deudas

LA vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el Gobierno modificará, dentro de los Presupuestos del Estado para 2011, el decreto de mayo pasado que prohíbe a los ayuntamientos pedir créditos a lo largo del próximo ejercicio. El decreto, incluido en el paquete de medidas de reducción del déficit público, resultó conflictivo desde el primer momento, ya que en su redacción inicial obligaba a los municipios a renunciar a los préstamos de manera inmediata, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las protestas de los alcaldes de todos los partidos convencieron al Gobierno de que el decreto no entrase en vigor hasta el 1 de enero próximo. Pero esta primera rectificación de Salgado no fue suficiente, dada la situación de asfixia de las haciendas locales y también por el carácter indiscriminado del decreto, que aplicaba el mismo criterio restrictivo a todas las corporaciones locales, independientemente del grado de deuda de cada una y del nivel de responsabilidad o irresponsabilidad con que habían actuado sus alcaldes y concejales. Hay que tener en cuenta que la caída de los ingresos municipales a causa de la crisis económica y la consiguiente bajada de la actividad productiva, sobre todo en el sector inmobiliario, han agravado la ya de por sí angustiosa situación financiera de numerosos ayuntamientos, que se han declarado morosos persistentes de sus proveedores y que han tenido que acudir a rescisiones de contratos de personal laboral, disminución drástica de gastos corrientes, eliminación de ferias y otras restricciones. Finalmente, el Gobierno, además de incrementar los ingresos municipales en un porcentaje del 9%, ha accedido también a revisar el decreto aludido, autorizando la formalización de créditos a los ayuntamientos cuya deuda no sobrepase el 75% de sus ingresos. Ello beneficiará a tres de cada cuatro ayuntamientos, aunque quedarán fuera, por su endeudamiento, la práctica totalidad de las grandes ciudades, entre ellas casi todas las andaluzas. La solución a la financiación municipal sigue pendiente, y éste es un mal momento para acometerla con vocación de definitiva.

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