Editorial

Un baño de realidad

EL Gobierno admitió ayer que el paro no bajará durante toda la legislatura. Se trata de un gran fracaso en la medida en que la lucha contra el desempleo se constituyó desde el primer momento en el gran objetivo declarado por Mariano Rajoy tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2011. Según las previsiones realizadas por el Consejo de Ministros, la tasa de paro será del 27,1% este año, el 26,7% en 2014 y el 25,8% en 2015 (al llegar al poder el PP la tasa era del 22,8%). Eso significa que durante el mandato de Rajoy se destruirán 1,3 millones de empleos a tiempo completo. El pronóstico sobre el paro se inscribe en el marco general de previsiones económicas aprobado por el Ejecutivo en su reunión de ayer, junto al plan de estabilidad que se remitirá a la Unión Europea y las reformas pendientes de adoptar. Las previsiones han sido actualizadas sobre la base de un entorno de deterioro económico, profundidad de la recesión y aumento de la deuda. El dato más destacado en el nuevo cuadro macroeconómico es el aplazamiento en la consecución del objetivo del déficit el 3% del PIB -el tope impuesto por Bruselas- hasta 2016, es decir, dos años más tarde de lo previsto. Esta dilación no cuestiona el objetivo de consolidación fiscal que es y será el eje de la política económica del Gobierno, aunque supone un respiro para la economía española, acorde con la flexibilización que venían demandando los organismos internacionales y el propio Gobierno de España, una petición que finalmente ha sido atendida por la Comisión Europea. En este marco general, en el que el Ejecutivo anuncia un crecimiento del 0,5% durante el ejercicio próximo (2014), se han producido algunas novedades en materia de ingresos: se prorroga la subida del IRPF, que se pretendía eliminar en 2014 y ahora se mantendrá hasta el año siguiente, se suprimirán las deducciones en el impuesto de sociedades de las grandes corporaciones y aumentarán algunos impuestos especiales, como los medioambientales y los depósitos de la banca (aunque no los que afectan a los combustibles). En el capítulo de reformas, el Consejo de Ministros ha sido poco ambicioso, ya que se trata en realidad de poner en marcha reformas ya anunciadas reiteradamente, como las relativas a la autoridad fiscal independiente, el plan de apoyo a los proveedores y el pago del IVA aplazado hasta el cobro de la factura correspondiente. Por el contrario, el Gobierno continúa sin acometer cambios tan importantes como el de la Administración, el Estado de las Autonomías y el sector eléctrico, sobre los que planean intereses particulares y políticos que el Ejecutivo no se ha atrevido hasta ahora a cuestionar.

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