EXTREMADAMENTE agresiva. Así calificó en la víspera el ministro de Economía, Luis de Guindos, la reforma laboral que aprobó ayer por decreto el Consejo de Ministros. Es, en efecto, la más agresiva y contundente de las ocho que se han impuesto desde que entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores. No sé si será también la más eficaz.

El cambio afecta a las relaciones laborales en prácticamente todos sus aspectos, aunque lo más destacado y llamativo es lo relativo al despido. Como se anunciaba, a los empresarios les será más fácil despedir a sus trabajadores y les saldrá más barato.

Así, la vía del despido procedente (con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades) sólo exige como requisito que la empresa sufra pérdidas, "actuales o previstas" o que disminuyan sus ventas durante tres trimestres consecutivos. Los expedientes de regulación de empleo no necesitarán autorización administrativa. Por otro lado, se generaliza la indemnización de 33 días por despido improcedente, lejos de los 45 contemplados en la legislación anterior.

Esta flexibilidad de las empresas para prescindir de empleados se complementa con numerosas medidas de flexibilidad con respecto a los que se quedan: más movilidad geográfica, modificación de la jornada de trabajo y de los horarios, prioridad de los convenios de empresa sobre los de nivel superior y liquidación del automatismo en la prórroga de los convenios, que dejarán de estar en vigor si las partes no son capaces de acordar uno nuevo en el plazo máximo de dos años. También se bonifica a las pymes que contraten indefinidamente a jóvenes o parados de larga duración.

Un buen resumen de la reforma sería: merma los derechos de los trabajadores tal y como los concebíamos en nuestro sistema de relaciones laborales y aumenta el poder de decisión de los empresarios en la medida en que decidir les resultará más asequible y menos oneroso. La lectura más demagógicamente sindical indica que de este modo habrá más despidos, es decir, más paro, que es justo lo que se quiere combatir. La contralectura del Gobierno es que no hay por qué pensar que el empresario es un torvo explotador que está deseando echar obreros a la calle y que la reforma pone en manos de las empresas los instrumentos adecuados para que cualquier dificultad temporal no tengan que superarla despidiendo gente.

Creo que unos y otros son conscientes, sin embargo, de que la creación de empleo depende menos de las relaciones laborales que se establezcan que de la situación general de crisis, la atonía del consumo, la recesión y la falta de crédito a empresas y familias.