LO hemos comentado más de una vez en relación con la violencia doméstica: las leyes más severas no bastan por sí solas para acabar con un problema de raíces profundas que tiene que ver con la historia y con la cultura. La ley puede ayudar, sobre todo si se ponen los medios precisos para aplicarla, pero no es una varita mágica que elimine de golpe la violencia machista. Ni siquiera presumiendo de ser una norma integral, como es el caso.

Llamativo ha sido también el de la Ley de Igualdad. Ha cumplido un año desde que se aprobó con gran trompetería y entusiasmo. Sus efectos no se pueden considerar muy benéficos, al menos en dos de sus principales ámbitos de actuación: la política y la empresa. La paridad pretendida -inmediata en las listas electorales, progresiva en los consejos empresariales- no se ha impuesto a pesar de la nueva legislación. La costumbre sigue pesando mucho más que las exigencias de la igualdad de sexos.

La costumbre, y los intereses. La Ley de Igualdad obliga a que en cada tramo de cinco puestos de cada lista electoral haya al menos un 40% de candidatos de cada sexo. Los partidos, dominados por hombres, han cumplido la letra de la ley... y han vulnerado su espíritu: han colocado a las mujeres en los lugares de difícil salida, reservando las cabeceras para los hombres (para sí mismos, vamos). El balance de esta maniobra es claro. El Congreso de los Diputados tendrá en la próxima legislatura 126 de sus 350 escaños ocupados por mujeres (un 36% del total). Una menos que en la legislatura anterior, cuando no había ninguna ley paritaria. Incluso en el partido impulsor de la ley, y que más se acerca al 40% establecido, hay tres diputadas menos que en 2004-08.

Si los que dan su voto a la ley son los primeros en saltársela, ¿qué cabe esperar de los que la ven de antemano con malos ojos? Nada bueno. Las grandes empresas, inducidas a incluir mujeres en sus consejos de administración hasta lograr la paridad deseada en un plazo de ocho años, han hecho caso omiso al mandato. Las integradas en el preciado Íbex 35 apenas llegan a un 5% de consejeras. Queda mucha tela por cortar, además, porque la imposición de cuotas podría en este caso atentar contra la libertad de empresa.

En realidad, la tela por cortar en materia de igualdad entre sexos (o de género, según prefieran) es mucho más gruesa y resistente. La paridad política, e incluso la empresarial, no son inasequibles. Lo complicado de verdad es garantizar la equiparación salarial de hombres y mujeres, la conciliación del trabajo y la vida familiar, las guarderías y la promoción profesional de las madres. Quizás de estas cosas se hable menos, pero, a la postre, importan más.

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