La crónica económica

Joaquín / Aurioles

La batalla de las autonomías

LA mesa para la discusión de la financiación autonómica está convocada para el verano, aunque el cierre se presenta complicado. Es la segunda entrega de la batalla de las autonomías, tras la librada durante la legislatura anterior en el terreno de las reformas estatutarias. Como entonces, los catalanes vuelven a marcar el ritmo mientras que el resto, incluido el Gobierno de España, intenta mantener el control de una situación de elevado riesgo político en el que los combatientes han decidido anteponer los intereses territoriales a las directrices ideológicas de sus respectivas formaciones políticas. En un extremo los catalanes, donde el socialismo federalista del PSC comparte más criterios sobre cohesión territorial, e incluso sobre justicia distributiva, con la derecha nacionalista y la izquierda independentista, que con sus correligionarios de partido en otras comunidades. En el otro andaluces y extremeños, que reivindican una España más equitativa y solidaria, más cercanas al espíritu de la Constitución y, supuestamente, a la sensibilidad del Gobierno central.

Sobre la mesa tres grandes capítulos por resolver. El primero es el de las cantidades, que previsiblemente se cerrará con la población como variable determinante para la dotación del fondo de suficiencia, que es la parte destinada a cubrir el coste de los servicios públicos que se prestan en la actualidad. Más difícil es predecir lo que ocurrirá con el resto, es decir con los fondos para financiar la inversión y la nivelación de servicios, que es lo que tiene que ver con la solidaridad y la equidad. Desde las regiones ricas se defiende el criterio del PIB y desde Andalucía el de la población, aunque sin duda lo más adecuado sería la renta por habitante.

Este es precisamente el segundo de los capítulos por cerrar, el de los principios que deben inspirar el montaje y posterior funcionamiento del nuevo sistema. Puestos a buscar coincidencias de partida, quizás pudiera admitirse que todo el mundo pregona la defensa de un modelo justo, aunque inmediatamente aparezcan las discrepancias sobre la forma en que cada cual lo interpreta. Supongo que para los andaluces un sistema justo tiene que ser, sobre todo, equitativo, entendiendo como tal, no tanto el igualitarismo, como la igualdad de oportunidades. Desde otras latitudes la justicia está en la compensación del esfuerzo, lo que se traduce en relacionar los retornos con las aportaciones realizadas desde cada territorio.

El tercero de los capítulos tiene que ver con las formas. Una parte importante, la de si los recursos llegan por transferencias o se obtiene de tributos propios o compartidos, la resolvieron Zapatero y Mas con la cesión del 50% de la recaudación por IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales, aunque con cuestiones pendientes, como el reintegro a la Hacienda del Estado de los excesos de recursos que el sistema proporciona a algunas regiones. La otra parte es la bilateralidad que defiende Cataluña frente al multilateralismo, más acorde con la equidad fiscal y justicia distributiva que defiende Andalucía.

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