La tribuna

José Manuel Cansino

La batalla del biocombustible

LA lucha contra el cambio climático se ha colado en la agenda política mundial, con dimensiones que podrían equivaler a las que en su día representaron la lucha por los derechos humanos, la contención de los programas de armamento nuclear o la eliminación de pandemias como el SIDA.

A lomos de esta nueva ideología transversal, los gobiernos se están empleando a fondo en, por ejemplo, reducir la emisión de gases de efecto invernadero (gei), particularmente CO2, y una de las estrategias más ampliamente seguida consiste en promover la sustitución en el transporte de carburantes de origen fósil (gasolina y gasoil) por biocarburantes (bioetanol y biodiésel, respectiva y principalmente).

La apuesta política es tan importante en el amplio sector de las energías renovables que pocas de las grandes corporaciones inmobiliarias y financieras se han resistido a tomar posiciones en un sector que es, al mismo tiempo, emergente en lo económico y extraordinariamente intervenido en su funcionamiento.

La intervención pública ha tomado habitualmente la forma de asegurar la rentabilidad de las inversiones vía precios garantizados a la energía renovable generada. Pocas inversiones hay tan seguras como aquellas en las que la demanda y el precio del producto están garantizados por un amplio periodo de tiempo.

Si descendemos por el sector de las energías renovables a la industria de los biocarburantes, pocos se atreverían a objetar sus efectos externos positivos dentro de esa comunión general en la necesidad de luchar contra el cambio climático. Los biocarburantes emiten menos gei, permiten reducir la dependencia energética, no sólo española sino de todo el continente europeo, lo hacen además, en mitad de una mantenida tendencia alcista de los precios del petróleo, contribuyen a reducir el déficit exterior español y son una interesantísima alternativa al sector agrario y al mundo rural.

Tantos argumentos favorables no son, sin embargo, los definitivos para poner en marcha las inversiones industriales en biocarburantes. El argumento definitivo es la intervención pública imponiendo niveles mínimos obligatorios para el uso en el transporte, de bioetanol y biodiésel. En definitiva, el sector público garantiza -mediante orden ministerial- el consumo de estos combustibles "ecológicos", en un 1,9 % para 2008, 3,4 % para 2009 y 5,83 % para 2010. Así las cosas, se entienden bien las frecuentes apariciones públicas de representantes de las administraciones inaugurando plantas de bioetanol o de biodiésel.

Pero cuando todo en el ámbito de las renovables parecía gozar de un consenso idílico se ha desatado una intensísima polémica entre productores de biocombustibles y petroleras que, a la sazón poseen en propiedad o abanderádolas, más del 65 % de las estaciones de servicio en suelo patrio.

El disenso se ha originado en torno al borrador de la orden del Ministerio de Industria que, precisamente, regula el consumo obligatorio de biocarburantes. Los productores exigen que la obligación afecte por igual al bioetanol y al biodiésel, mientras que las petroleras prefieren que la cantidad obligatoria no distinga entre uno u otro para optar, mayoritariamente, por el biodiésel. Como habitualmente ocurre, las posiciones de unos y otros se muestran revestidas de argumentos científicos pretendidamente inobjetables.

El menor contenido energético del bioetanol español, la clara preferencia de los vehículos españoles por el diésel (el 70 % del parque móvil usa gasoil y sólo un 30 % gasolina) o el peligro que supondría realizar las mezclas de combustibles en las estaciones de servicio, son los argumentos de las petroleras que parecen así menos interesadas en exportar la gasolina excedentaria de las refinerías a países deficitarios como EE.UU., Brasil o Dinamarca, a pesar de que esta orientación exportadora vendría muy bien a la deteriorada balanza comercial española.

Los productores de biocombustibles, en sus argumentos, no dejan de resaltar el quebranto que supondrían para las plantas de bioetanol, el que el Gobierno no exigiese con la misma intensidad el uso de este combustible que el del biodiésel. Un problema no pequeño que se une a los ocasionados por la elevación del precio de la materia prima (trigo, cebada y remolacha, en el caso del bioetanol) que supone, aproximadamente, el 80 % del coste de producción.

A luz de cuanto se observa, puede extraerse una conclusión inmediata: que la industria de las energías renovables no es rentable gracias a la conciencia ecológica de los consumidores, que no se muestran dispuestos a pagar una energía más cara a sabiendas de que es menos contaminante y, por tanto, vive pegada a la subvención.

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