NO se puede decir que el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, haya llegado al departamento a verlas venir. De sus primeras comparecencias y declaraciones se desprende una firme voluntad de aplicar un programa de reformas a los asuntos culturales y educativos, si bien algunas de sus propuestas, tal vez poco matizadas, han despertado a un tiempo expectación y polémica. Después de haber expuesto sus ideas sobre Educación para la Ciudadanía y extensión del Bachillerato, Wert adelantó ayer en un foro de debate un planteamiento sobre la política de becas universitarias que merece toda la atención. El ministro adelantó que no está en su mente la reducción de los recursos destinados a las becas de ayuda a los estudiantes de grado superior pero, a partir de ahí, planteó la necesidad de una reflexión profunda sobre los requisitos para su concesión. Lo que avanzó es razonable: el sistema de acceso y mantenimiento de becas se hace depender hasta ahora casi en exclusiva del nivel de renta familiar de los beneficiarios, de modo que no hay exigencia de aprovechamiento por parte del alumnado. Esto debe cambiar, y debe hacerlo en la línea de exigir a los becarios cierto nivel de rendimiento, es decir, que no basta que un universitario proceda de una familia modesta para que tenga garantizada la concesión y el mantenimiento de su beca independientemente de que obtenga buenas calificaciones en las asignaturas de la carrera para la que se le ayuda o se conforme con el mero aprobado por los pelos. Se trata de una exigencia de justicia social, ya que los fondos públicos, que salen de los impuestos pagados por los ciudadanos, han de emplearse en fomentar la excelencia y ofrecer a la sociedad una contraprestación acorde con la inversión que la sociedad realiza. El dinero de todos no puede dilapidarse en aras de un igualitarismo mal entendido. Ningún talento debe perderse por falta de medios, pero los medios han de emplearse en los que demuestren talento, esfuerzo y tesón.