LA opinión pública ha recibido con indignación la noticia de la excarcelación de Antonio Troitiño, uno de los etarras más sanguinarios de la historia. Condenado a 2.500 años de cárcel por los veintidós asesinatos que cometió como miembro del comando Madrid, se puede deducir que ha estado en prisión algo más de trece meses por cada vida que segó. La condena quedó reducida al máximo legal previsto cuando cometió los crímenes (30 años), que actualmente se ha situado en 40. Aun así, ha abandonado la prisión seis años antes de lo que le habría correspondido con el Código Penal que se le aplica. El motivo de este ablandamiento del castigo que tanto irrita a los ciudadanos, con toda razón, se encuentra en una sentencia del Tribunal Constitucional, que en el año 2008 decidió que el tiempo de prisión preventiva sufrido por un reo ha de serle computado en todas y cada una de las causas en las que se encuentre incurso, aunque de hecho se halle cumpliendo otra condena. Se trata de una posición completamente garantista del Constitucional que, en la práctica, beneficia a quienes han cometido más delitos y más graves. Es el caso de Troitiño y lo será también de otros pistoleros de ETA que se encuentran en sus circunstancias y se aproximan al cumplimiento de sus sentencias por este resquicio legal. También ha favorecido la interpretación del TC a algún peligroso narcotraficante. La posición del Alto Tribunal fue criticada en su día por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía General del Estado, que logró finalmente, en 2010, que el Gobierno impulsase una modificación del Código Penal en virtud de la cual el tiempo de prisión preventiva sólo valdrá para reducir la condena correspondiente a la causa por la que se impuso. En el futuro nos evitaremos, pues, este resultado escandaloso. Con respecto al caso de Troitiño, el fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sala de lo Penal que deje sin efecto la puesta en libertad del terrorista y le aplique plenamente la doctrina Parot. Con ella saldría de prisión en 2017.