Tribuna Económica

Gumersindo Ruiz

E l bosque protector

LA recién publicada Ley de Montes es una magnífica oportunidad para tratar esta cuestión de tanto interés para nosotros. Con 4.658.105 hectáreas de monte, Andalucía, sólo ligeramente superada por Castilla y León, es la segunda comunidad autónoma con la superficie más extensa; unas 2.900.000 hectáreas pueden considerarse de arbolado, con cierta densidad o ralo. La ley, aunque con muchas limitaciones, por el cuidado medioambiental y las competencias de las autonomías, quiere introducir criterios de gestión privada, con rentabilidad, que permitan la explotación y conservación de los bosques y atraigan tecnología y gente joven.

Siempre será este un tema polémico, pero Asaja de Jaén, tras los incendios sufridos en la provincia, recomienda dar un uso rentable a los montes, como única forma de evitar en lo posible los incendios. La gestión del monte requiere, por una parte, mejorar caminos, senderos y zonas recreativas. Y por otra, considerar todas las formas razonables de uso, que van de la tradicional maderera, a la ganadera, la resina, micología, y elaboración de frutos cultivados o espontáneos.

La Ley dedica también atención a la constitución de sociedades de propietarios para la explotación de bosques, mediante empresas con una dimensión que las haga rentables, y prevé ayudas para su desarrollo. Se hace hincapié en la identificación de propietarios que tengan un interés en el monte, lo que puede parecer extraño si no fuera porque, según datos oficiales, más de dos millones de hectáreas son de propietario desconocido. Las cifras de que se dispone no son coincidentes, y en algunos lugares están en elaboración, pero llama la atención que en Andalucía la mayor parte del monte es público, no se gestiona, y sólo el 17% de la superficie de montes está ordenada respecto al total forestal. Dos tercios del arbolado no se sabe a quién pertenece, hay muy poca propiedad privada y, por tanto, casi nula tradición empresarial. Esta falta de orientación hacia el uso adecuado del bosque se ve también en que Andalucía es la comunidad autónoma donde más esfuerzo se hace de repoblación, pero con finalidad exclusivamente de repoblación en sí misma, no productiva.

No pueden tener más razón los técnicos de Asaja cuando defienden una gestión activa del monte como única forma de protegerlo. Los costes de extinción de los incendios son elevadísimos, y nadie quiere asumir las responsabilidades que pudieran derivarse de que la falta de cuidado del mismo sea causa directa o indirecta de una catástrofe; de ahí el desinterés por tener algún título de propiedad de determinados montes, que no sólo no ofrecen rentabilidad, sino que pueden ocasionar gastos y problemas. El control de plagas también está en la nueva ley, y algo habrá que hacer, pues vemos hermosos bosques como el de Sierra Nevada completamente invadidos por la procesionaria, inútil para disfrutar de ellos, al igual que muchos pinos en las ciudades, sin que las administraciones públicas se ocupen de mantenerlos sanos. El bosque abandonado no es un espacio protegido; sin embargo, el bosque puede ser un buen protector de quien lo utilice y haga de ello una ocupación, una forma de vida.

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