TRES días después de iniciarse la huelga de los transportistas, cuando ya se habían contabilizado un muerto, varios heridos por atropello o sabotaje y decenas de detenidos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer por fin una posición de firmeza frente a las acciones violentas y las manifestaciones ilegales de los camioneros en lucha. El paso fronterizo de La Junquera quedó expedito, fueron desalojados los vehículos que cortaban la carretera nacional A-1 y el ministro garantizó que los piquetes coactivos serán reprimidos, mientras que pescadores andaluces y fuerzas del orden mantenían una auténtica batalla campal en Sevilla. Rubalcaba ha admitido que el Gobierno ha dejado en la opinión pública "la sensación de que se hacía poco". Nada más evidente: no puede tener otra sensación una ciudadanía que ha contemplado atónita cómo los miembros de dos patronales minoritarias del transporte ponían prácticamente patas arriba a todo un país, agrediendo a los conductores que no querían secundar su huelga y violentando la libertad de circulación de los ciudadanos ajenos al conflicto, que están pagando duramente sus consecuencias. La ley ha de ser restablecida y las negociaciones han de intensificarse, dentro de los márgenes legales que quedan al Ejecutivo, que ha dejado pudrirse el conflicto hasta que ha chocado de bruces con la realidad de un sector crispado y una opinión pública que vive la zozobra de una crisis económica cuya gravedad no se ha querido reconocer durante meses. Al mismo cambio de criterio parece responder el anuncio hecho ayer por el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados de que la semana próxima convocará en la Moncloa a sindicatos y empresarios para analizar conjuntamente la crisis y las medidas a adoptar. Zapatero se comprometió a ello tras ganar las elecciones. Se ha perdido un tiempo precioso por la obstinación del Gobierno en negar la gravedad de una situación que ahora, ya agudizada, se toma su venganza.