DESPUÉS de la peor semana de la historia de la bolsa, y en la que se sucedieron informaciones muy preocupantes sobre el sistema financiero, el conjunto de medidas adoptadas por los países desarrollados para asegurar la liquidez de las instituciones financieras permiten un prudente optimismo ante los graves riesgos por los que se estaba deslizando la economía mundial. Además, frente al goteo incesante de indicadores negativos, en la última semana se han producido algunos datos para la esperanza, como la recuperación (incierta) de la bolsa, la disminución de la tasa de inflación, el descenso del euríbor o la caída del precio del petróleo a menos de la mitad de hace sólo unas semanas.

Las medidas extraordinarias adoptadas por la UE para hacer frente a la posible quiebra del sistema financiero internacional (garantías para los préstamos en el mercado interbancario, posible entrada de capital público y compromiso de impedir cualquier quiebra de instituciones financieras) han recibido el apoyo de la comunidad académica y del sistema financiero, y han sido replicadas en Estados Unidos y otros países desarrollados, aunque persistan algunas dudas sobre su eficacia e inconvenientes que la normativa para su aplicación deberá de tratar de minimizar. Además, la crisis ha puesto de manifiesto la inadecuación de los organismos financieros internacionales diseñados en la conferencia de Bretton Woods en 1944 para regular y supervisar las finanzas globalizadas, por lo que la iniciativa de Gordon Brown (asumida por la Unión Europea y otros países del G-8) de refundar el sistema financiero internacional, es también una noticia esperanzadora. Todo ello hace pensar que de este túnel se saldrá, aunque aún no se percibe el final porque la crisis financiera está afectando a las perspectivas de crecimiento, con recesión incluida en muchos países desarrollados.

En el ámbito nacional, la crisis financiera se superpone y agrava una crisis específica española por la que nos estábamos adentrando con anterioridad. Una crisis que se puede calificar de competitividad, que se manifiesta en el abultado desequilibrio de nuestra balanza de pagos, y que tiene su origen en un patrón de crecimiento insostenible por el exceso de demanda sobre la producción, por el insuficiente ahorro interno, por la baja productividad, por el sobredimensionamiento del sector de la construcción y el escaso peso de actividades productivas basadas más intensamente en el conocimiento y la innovación.

La necesidad de cambiar el patrón de crecimiento de la última década es ampliamente compartida, pero ese reto es complejo y lento de implementar, pues ni se pueden improvisar los factores de producción ni el comportamiento de los agentes económicos cambia en el corto plazo. Un nuevo patrón de crecimiento exige una estabilización para que se restablezcan equilibrios macroeconómicos fundamentales, y reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad de la economía española. Reformas que son costosas políticamente, por lo que exige un acuerdo político de las principales fuerzas institucionales del Estado: partidos políticos, patronal, sindicatos y gobiernos autonómicos.

La reunión de Zapatero y Rajoy del pasado día 14 puede ser un paso en este sentido, al acordar el apoyo del Partido Popular a las medidas financieras adoptadas por el Gobierno y compartir la necesidad de reformas estructurales. En principio se han acordado dos mesas de trabajo. La primera, para abordar reformas que permitan reducir la inflación diferencial de la economía española y que se concretaría en reformas en el sector servicios, y la segunda, la convocatoria del Pacto de Toledo para estudiar reformas en el sistema de pensiones.

Estas reformas son muy pertinentes y esperemos que vayan en el sentido deseado: la sostenibilidad del sistema económico y la mejora de la competitividad. Pero algunas otras reformas deberían ser adoptadas en ese gran acuerdo rememorando lo que significaron los Pactos de la Moncloa: reforma de las AAPP para mejorar su eficiencia, del modelo de descentralización territorial en el mismo sentido y para asegurar la unidad de mercado, del mercado del suelo y del urbanismo, para que desaparezcan los incentivos perversos a la sobreinversión, a la especulación y a los impactos ambientales, del mercado de trabajo en orden a que los jóvenes preparados puedan competir por los puestos de trabajo, del sistema educativo para la mejora de calidad, etc.

Es inevitable que en los próximos meses se agrave la percepción de la crisis con aumento del paro y todas sus secuelas, pero es evitable que tras la crisis este país tenga que abandonar la senda de la convergencia con los países más desarrollados de Europa y el nivel y calidad de vida que estábamos alcanzando. Para ello los responsables públicos deben concentrase en abordar los graves problemas de insostenibilidad de nuestro modelo económico.