PREMIO a quien obra mal. Daniel Ponce, el miembro del PSOE, ya expulsado del partido, que está imputado por el escándalo del caso Mercasevilla, donde era director adjunto, ha ganado en los tribunales que debe ser readmitido o indemnizado con 239.585 euros. La juez de lo Social Adelaida Maroto dice en la sentencia que la carta de despido no está correctamente redactada, considera inexplicable que Mercasevilla no haya propuesto otras pruebas que tenía a su disposición para acusarle, y acusa a la empresa de tolerar el comportamiento de Ponce, por ejemplo, endosándole gastos de 560 euros en copas y en un masaje durante un viaje a Vietnam.

Salvo que una instancia superior revoque este fallo, la situación es un escarnio a toda Sevilla, una burla a tantos ciudadanos que sufren los embates de la crisis y no pueden hacer uso de estas tretas para ser elegido a dedo alto cargo de una empresa sin tener merecimientos para ello, darse la vida padre, ser cómplice de su gestión ruinosa, provocar un escándalo político de primera magnitud, y, para más inri, beneficiarse de una indemnización por despido improcedente. Qué chollo. Qué vergüenza.

El contenido de la sentencia da pie a un juicio político. Cuando Ponce puso la demanda acusando a Mercasevilla de despido ilegal, toda Sevilla ya sabía cómo se gobernó la empresa y cómo se maquillaron sus cuentas reales. Estando imputado por las grabaciones que realizaron los propietarios de La Raza al sentirse extorsionados, si en ese contexto tan reprobable ha ido a magistratura es porque se trata de una vía en la que financiar su silencio. Si la juez indica que Mercasevilla no ha puesto toda la carne en el asador en los tribunales para justificar el despido de quien le pone una demanda, el resultado es un cachondeo elevado al cubo para que el ex militante apartado del poder se lo lleve calentito y no ventile la porquería, tras ser cómplice de un ERE que ahora no se puede pagar por falta de dinero.