LA Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha cerrado el primer semestre del año con unas pérdidas de 13,85 millones de euros, según explicó ayer en la comisión parlamentaria de control el subdirector general, en funciones de director general, Joaquín Durán. No es nada nuevo. El déficit de los últimos ejercicios se sitúa en torno a los 26 millones anuales. Lo novedoso es que esta situación financiera coincide con una notable caída de audiencia. En 2010 Canal Sur obtuvo una media anual de 12,7% y Canal Sur 2, 1,9%. Desde entonces no ha dejado de descender. En 2014 el share bajó por vez primera en la historia de la cadena autonómica de los dos dígitos (9,5%), en mayo de este año bajó al 8,4% y ahora está situado en el 7,6%. Es una grandilocuencia inútil continuar hablando de La Nuestra para referirse a una empresa televisiva que siguen ocho de cada cien andaluces, prefiriendo la mayoría engancharse a la oferta de otros canales. Esta debilidad fundamental se complementa, paradójicamente, con una financiación pública extraordinaria, que supera los cien millones de euros anuales y que en conjunto, desde el nacimiento de la RTVA, en 1989, ha costado ya 3.500 millones de euros a los andaluces que no se sienten mayoritariamente identificados con ella. Y sin embargo, esta situación está ausente del debate político de la comunidad autónoma. El nuevo Parlamento surgido de las elecciones autonómicas no ha producido ninguna iniciativa sobre el medio de comunicación y ocio más poderoso que funciona en la sociedad andaluza, que sigue adelante con una dirección provisional, el coste ya aludido -realmente incompatible con otras necesidades sociales de mayor prioridad- y una programación que no cumple los requisitos establecidos en la ley fundacional de Canal Sur. Por no cumplir no cumple ni el mandato político y jurídico que atribuyen al Parlamento la elección de su director general, prolongándose una interinidad que procede de la dimisión del anterior titular y que probablemente conviene a los intereses del actual Gobierno de la Junta, en minoría dentro de la Cámara. Ni los grupos parlamentarios de la oposición tradicional ni los adscritos a los partidos emergentes se sienten, al parecer, concernidos por esta provisionalidad que se eterniza del principal medio de comunicación de carácter público de Andalucía. El caso es que urge afrontar el debate sobre el modelo televisivo de la comunidad, la crisis de audiencia, la financiación disparada y la solvencia de unos responsables a los que, por otra parte, se les exime de atenerse a la norma vigente de no ser retribuidos por encima de la propia presidenta de Andalucía.

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