ESTAMOS asistiendo desde el 9-M a una mutación silenciosa de la política de pactos a nivel nacional, que ya presagiaba la decisión de Zapatero de sacar adelante su investidura sin negociar con los partidos minoritarios que le sostuvieron durante la legislatura anterior.

El último hito de este cambio de alianzas es el decreto que prepara el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para que los inmigrantes regularizados que se encuentren en paro acepten regresar a sus países de origen, aliviando así las tensiones sociales generadas por la crisis. El incentivo es que el inmigrante cobre de golpe -en dos plazos- el subsidio de desempleo correspondiente al tiempo que ha estado en activo a cambio de renunciar a sus permisos de residencia y trabajo y comprometerse a no retornar a España en al menos tres años.

El subsidio de paro, se piensa en el Gobierno, el inmigrante que permaneciera aquí se lo iba a ir gastando sin perspectiva de hallar otro empleo, mientras que el retornado, cobrándolo todo junto, podría pensar en montar un modesto negocio en su tierra. El discurso del ministro de Trabajo tiene sentido en este punto. Pero revela toda su crudeza y su egoísmo de poderoso con respecto a otro de sus planes, a saber, las trabas que se van a imponer en la política de reagrupamiento familiar. Se trata de facilitar la reagrupación en territorio español sólo al cónyuge del inmigrante y los hijos menores de dieciocho años, excluyendo a padres y suegros, sobre los que recae el estigma de no contribuir a la Seguridad Social y ser grandes consumidores del sistema público de salud. De paso endosamos a los inmigrantes nuestro propio modelo de familia nuclear en la que los mayores han de vivir sus últimos años en asilos y residencias, obviando que en su cultura esto no es lo normal.

En este camino de conservadurización el Gobierno, lógicamente, ha venido a converger con el primer partido de la oposición, más proclive a su vez, tras el nuevo rumbo de Rajoy, a los acuerdos con el PSOE en las grandes cuestiones. La política sobre la inmigración de socialistas se parece ya muchísimo a la que harían los populares si gobernasen, igual que la política antiterrorista actual y la nueva política sobre el agua. Tampoco deben caber dudas de que las recetas para afrontar la crisis económica -en realidad, para suavizar sus consecuencias y acortar su duración, que es lo máximo que se puede hacer- no serían muy distintas si en la Moncloa estuviera Rajoy en el lugar de Zapatero.

Quizás esta confluencia de PSOE y PP es la que corresponde de verdad a una sociedad desarrollada de clases medias en la que las ideologías ocupan un lugar más secundario que la eficiencia de la gestión. Ahora, a las minorías va a terminar de hacerlas polvo.

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