Tribuna de opinión

Rogelio Velasco

Un cambio anunciado

Era inevitable. El ministro de Economía anunció modificaciones tanto en el déficit público como en el crecimiento previsto para este año. El primero lo ha fijado en el 3,6%, mientras que el segundo será del 2,7%. Los presupuestos generales del Estado para este año, contemplan el 2,8% y el 3%, respectivamente. Estos cambios en las previsiones son consecuencia tanto de factores internos como externos.

En el ámbito interno, el punto de partida del déficit público del año 2015 -un 5% descontando gastos no recurrentes- hacía imposible reducirlo hasta el 2,8%. Ese objetivo representaría un ajuste de más de 20.000 millones de euros. Cumplir el nuevo objetivo del 3,6% se traduce en un ajuste de unos 14.000 millones. Las sistemáticas desviaciones producidas entre objetivos de déficit y datos reales durante los últimos cuatro años, conducen a pensar que, nuevamente, se producirá este año. En el ámbito externo, la ralentización del crecimiento y comercio internacionales ha forzado también al gobierno a una reducción del objetivo de crecimiento, al ir resintiéndose tanto este año como el próximo, las exportaciones.

El ministro Guindos presentó ayer en el Congreso las nuevas previsiones, que enviará a Bruselas. La esperanza con la que cuenta es que, dentro de unas semanas, la Comisión publicará las nuevas previsiones de crecimiento y déficit para este y el próximo año y es posible que conceda a España un año adicional para cumplir con el deseado objetivo de déficit inferior al 3%. En dos años es posible alcanzarlo, pero no en uno, como está previsto en los actuales presupuestos. En todo caso, la congelación del gasto, que es lo que persigue el gobierno central, irá jugando en los próximos meses un menor papel, en la medida en que simultáneamente, el crecimiento y, en consecuencia los ingresos, se ralentizan.

Estas nuevas previsiones, van a afectar positivamente a las CCAA. Para este año, el objetivo de déficit está fijado en el 0,3% y es posible que el gobierno lo eleve hasta el 0,7%. Con este nuevo objetivo más elevado, ¿cumplirán las CCAA? Creemos que no. El pasado año el objetivo era el 0,7% y acabaron en el 1,66%. Solo entre Cataluña y Valencia sumaron más del 0,8% de déficit y, sobre todo la primera, parece dispuesta a saltarse los criterios de la hacienda central. Para el resto, exceptuando Extremadura, está dentro de su alcance conseguirlo.

Hubiese sido muy útil que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitiera un informe -como es legalmente obligatorio- sobre las nuevas previsiones del gobierno. Pero el corto periodo de tiempo con el que ha contado y la ausencia de información detallada de gastos e ingresos, le ha impedido realizar esa tarea.

En este país, creamos instituciones similares a las del mundo occidental, pero después tienen un escaso -a veces nulo- papel, ya sea por la pobre dotación de medios o porque el poder político de turno ignora sus funciones. La Comisión Europea debería obligar al gobierno a que las nuevas previsiones vinieran acompañadas de un informe de la AIReF. En este caso, como en otros de distinta naturaleza, se mejoraría el funcionamiento de las instituciones y, en consecuencia, la calidad de las políticas.

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