EL ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, nos ha salido lenguaraz. Después de haberse apuntado un buen tanto con sus medidas para salvar de los apuros a las comunidades autónomas y comprometer a éstas en el control del déficit público, se ha soltado la melena -bueno, la media melenita posible- y ha impactado a la opinión pública al insinuar que se exigirán responsabilidades penales a los cargos públicos que se endeuden más de la cuenta.

Es una maniobra a favor de la corriente. Los ciudadanos están tan indignados con los despilfarros variopintos de los gobernantes autonómicos y locales que les entusiasma la mera idea de ver en la cárcel a los derrochadores que tiran el dinero que no hay -sobre todo en épocas como ésta- en obras faraónicas en honor de su propia megalomanía y sus ansias de posteridad. Pero da la impresión de que Montoro estaba medio dormido cuando dijo lo que dijo y que su iniciativa no había sido convenientemente madurada. De hecho, miembros del Gobierno la consideran, por lo bajini, disparatada.

Echemos el balón al suelo. El plan del ministro de Hacienda no puede referirse a los gobiernos autonómicos y locales que se pasen de los topes de déficit comprometidos, porque para eso ya está asumido que el Gobierno de la nación pueda retener a comunidades y ayuntamientos incumplidores las transferencias que les corresponden por diversos conceptos de la financiación de los mismos. Un mecanismo sancionador sencillo y efectivo. Eso sin contar con que no es lo mismo saltarse el tope de déficit un poco o mucho ni es igual saltárselo un trimestre que varios años seguidos. ¿Qué hacemos en cada caso? ¿Todos a la cárcel?

Pero si Montoro se refiere a cargos públicos que gastan más de lo presupuestado, falsean la contabilidad o guardan las facturas en un cajón para que el que venga detrás que arree, hay que decirle simplemente que el Código Penal vigente ya recoge y castiga los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y otros relacionados con el ejercicio abusivo del poder. La pólvora no necesita ser inventada. Manuel Chaves tiene razón: si la gestión de un gobernante es delictiva, a los tribunales con él; si es simplemente negativa, los electores lo pondrán en su sitio, algo que suele ocurrir tarde, pero ocurre.

Tras escuchar a su compañero de Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, habrá pensado: me va a tocar elaborar una reforma penal para sancionar a alcaldes que estén actuando como hice yo, que dejé la Alcaldía de Madrid con una deuda de 7.000 millones de euros, casi de cadena perpetua. Que no se inquiete, porque lo de Montoro no va a ninguna parte.