EL juez que instruye el caso Unidad,cuya génesis es la aparición de una serie de facturas falsas o duplicadas de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad que, presuntamente, habrían abonado irregularmente el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación, ha cerrado el periodo de diligencias y ha dictado un auto en el que, con vistas al juicio oral, avanza cuáles son sus conclusiones. En dicha resolución se estima parcialmente la demanda presentada en su día por el PP tras la denuncia que Juan Ignacio Zoido hizo en el debate cara a cara con Monteseirín de la pasada campaña electoral a las municipales. Lejos de dar la razón a la acusación de los populares, que habían pedido imputar hasta a 20 personas, el magistrado limita el número de procesados a tres personas, dos de ellas directivos de la citada federación vecinal más la trabajadora cuyo nombre aparecía en el célebre fax donde, según el PP, se daban instrucciones para duplicar las facturas. El magistrado instructor asume el criterio de la Fiscalía, al dejar fuera de la causa a los dos imputados cuyo vínculo con Monteseirín es más directo y podrían tener más carga política: el ex edil Manuel Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño, hombre de confianza del alcalde. Ambos fueron dirigentes de Unidad y pasaron después a ejercer tareas municipales. El juez, al contrario que a los tres acusados, en los que aprecia indicios de un delito de falsedad documental, estima que "no queda acreditado delito alguno" en su conducta. Tampoco estima el instructor, siguiendo el relato de los hechos que hace la Fiscalía, que existiera una trama organizada para falsificar facturas y, de este modo, beneficiarse de los recursos públicos. El resultado de la instrucción, con independencia de la sentencia final del caso, desinfla uno de los principales argumentos de Zoido desde los pasados comicios locales: la corrupción generalizada dentro del PSOE, que controlaba y todavía controla la citada federación vecinal. Irregularidades es obvio que existieron; responsabilidad penal, en cambio, no. El auto judicial debería hacer reflexionar al alcaldable del PP: judicializar la vida política como única estrategia electoral no siempre funciona.

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