EN el centro hay que hacer algo para ordenar el tráfico y evitar el caos de aparcamientos en doble filas y atascos que durante muchas horas al día impiden en algunas zonas un normal desenvolvimiento de la actividad ciudadana. Hasta ahí supongo que están de acuerdo todos los que viven, trabajan o se tienen que desplazar al casco histórico para realizar gestiones comerciales o administrativas. Pero una cosa es ordenar y regular para hacer más fluida la circulación y otra muy diferente el draconiano plan presentado esta semana por el Ayuntamiento, que, en la práctica, supone convertir el centro en una especie de Berlín de posguerra con cuatro zonas blindadas, absurdas limitaciones temporales para permanecer dentro del recinto y un sistema de cámaras de vigilancia propio de una prisión de alta seguridad. Sevilla, lo hemos dicho muchas veces desde estas páginas, no está como para que se juegue con ella con medidas cuyas consecuencias no se han evaluado con precisión. Me temo que volvemos a estar en este caso ante uno de los muchos ejemplos que nos ha dado este Ayuntamiento de planes que objetivamente pueden ser buenos para la ciudad, pero que la forma de llevarlos a la práctica los convierte en un desastre. Si el plan de tráfico del centro se pone en marcha tal y como está diseñado, no les quepa duda de que se van a cargar la cada vez menor vida comercial y residencial que tiene la zona más emblemática de la ciudad. Un lujo que en una época de crisis no nos debemos permitir. Es así por una razón muy simple que el equipo de Monteseirín se empeña en no asumir: hasta que no haya Metro -y no sólo una estación-, hasta que no haya una red de aparcamientos disuasorios, hasta que Tussam no cumpla en esas zonas unas mínimas exigencias de calidad y hasta que el servicio de taxi deje de ser el desastre que es en la actualidad, medidas como las propuestas sólo van a perjudicar a los que viven, trabajan o se desplazan hasta allí. No estamos diciendo, ni mucho menos, que no haya que actuar para mejorar la situación del tráfico en el centro. Es una exigencia del PGOU y también del sentido común. Pero debe hacerse con grandes dosis de prudencia y de consenso con los afectados, que es lo que falta aquí. Condenar al centro a una lenta muerte es un error mayúsculo.