EN Málaga hay un concejal, rara avis de la política, con amplia experiencia no ya en el Congreso de los Diputados y el Senado, sino también en el sector privado. Empresario de éxitos y fracasos, es un tipo extraño entre sus compañeros no sólo por no necesitar el cargo público para sobrevivir, sino porque suele decir lo que piensa y además suele resultar bastante sensato. Damián Caneda, que es el nombre del edil de Turismo y Cultura, acaba de decir lo que piensa la mayoría de la ciudad al respecto de siete mal llamados chiringuitos -los vecinos los denominan acertadamente mamotretos, yo lo elevaría a espantos- que se están levantando en la playa señera, machacando uno de los mejores paisajes de Málaga. "Son demasiado altos, anchos y opacos", ha dicho aún a riesgo de pisar callos entre su propio equipo de gobierno. Los chiringuitos fueron aprobados por el Consistorio, por Costas y por la Junta, una muestra más del desastroso galimatías burocrático de este país. Pero poco a poco se fueron añadiendo modificaciones hasta que los planos no tuvieron nada que ver con la obra final, que no gusta a nadie. La reflexión de Caneda es que si esto ocurre con tanta frecuencia, si los procesos de alegaciones no sirven, "algo no funciona en las administraciones, cuando las tres les hemos dado el visto bueno pero todo el mundo está en contra".

Piensen ahora en el macrochiringuito de los ERE. Si creemos lo que dijo en el Parlamento el presidente de la Junta, y el PP de momento no ha aportado pruebas para no creerle, todo es obra de unos pocos sinvergüenzas ya desenmascarados. Pero aun siguiendo esa hipótesis tan razonable como poco creíble, la conclusión es que el sistema funciona mal, rematadamente mal, peor imposible, y que muchos cargos públicos fueron muy negligentes e ineficientes si durante diez años no se impidió el multimillonario fraude. Griñán tiene tantos motivos para estar indignado con las acusaciones de los populares como para sentirse avergonzado de la gestión de su partido, de sus antecesores y de él mismo en Hacienda. Y no, señora Rubiales, no fue su secretario general "el que denunció". Es como decir que el Ayuntamiento de Marbella fue "el que denunció" las tropelías de Jesús Gil. Interpretando a Machado, las medias verdades equivalen a mentir dos veces. Como gestores de la administración pública, los políticos han demostrado ser un desastre. Eso no impide que a veces, la mayoría de ocasiones sin ellos, el sistema hasta funciona. La imputación de la infanta Cristina resulta así incluso un buen síntoma, una señal de que queda esperanza. Aún se puede salvar al enfermo.