La tribuna

Antonio Núñez Roldán

La ciencia en Andalucía

HE leído con doble interés el artículo Los viejos tiempos publicado en su diario el pasado lunes 2 de agosto: lo firma mi hermano Francisco, y trata, entre otras cosas, de la política científica en Andalucía. Se lamenta mi hermano de que, por falta de recursos en estos años de crisis, las universidades andaluzas no pueden contratar como profesores a aquellos que han finalizado su beca de investigación predoctoral y se culpa de ello al Gobierno andaluz. La cosa no queda ahí: de este hecho (?) se deduce que la política de la Junta recuerda a la que defendía el militar golpista Millán Astray ("muera la inteligencia, viva la muerte"). Aunque no salgo de mi asombro, voy a tratar de mantener la sensatez y de contribuir a un análisis racional en una materia tan vital para nuestra sociedad como es la política científica. Por cierto, antes de nada: las universidades públicas gozan de autonomía y son ellas las que deciden a quién contratar y a quién no. Pero, a lo que íbamos: ¿qué se está haciendo por la ciencia en Andalucía desde los poderes públicos y cuál es el marco en el que nos desenvolvemos?

Podríamos limitarnos a ofrecer una serie de datos cuantitativos que, después de todo, nos ayudarán sin duda a establecer con objetividad lo que ha supuesto la política de I+D+I en la acción de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía. A este respecto, utilizaré dos datos fácilmente contrastables en las estadística oficiales: en los 10 años que van desde 1997 a 2007, se han multiplicado por cuatro los gastos totales en I+D, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros en 2007; de esta manera, Andalucía se ha convertido en una de las ocho regiones españolas que dedica más del 1% del PIB a la I+D+I y es ya la tercera región, tras Madrid y Cataluña, en inversión en I+D+I en términos absolutos; por otro lado, sólo en los últimos 5 años, los presupuestos dedicados a las universidades andaluzas por la Junta de Andalucía han pasado de 926 millones de euros a 1522 millones. Pero, con ser -creo yo- contundente esta información, considero aún más importante el entorno en el que se están llevando a cabo estas políticas; porque, el éxito de una política científica no debe medirse sólo por el dinero que se destina a I+D+I, ni creemos tampoco que la meta de todo científico sea conseguir una plaza de funcionario público. Como cualquiera más o menos familiarizado con el mundo científico sabe, Andalucía, como toda región europea, está comprometida en la construcción de un Espacio Europeo de Investigación, planteado en Lisboa y concretado en el VII Programa Marco. Un plan que tiene como finalidad establecer un área de investigación sin fronteras en la que los recursos científicos se puedan utilizar de una manera más eficiente en la dirección de fomentar el empleo y la competitividad en toda Europa. Así pues, lo que aquí debemos plantearnos es si los esfuerzos que la Junta hace con el dinero de todos, van o no en la buena dirección: en crear las condiciones que permitan incrementar nuestra competitividad en un entorno global. En este sentido, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido como modelo de I+D+I, el que se basa en el nuevo paradigma de la triple hélice: el agrupamiento y la coordinación entre universidades públicas, empresas y administración. Es decir, una política basada en el apoyo, con importantes recursos financieros y jurídicos, a nuestras universidades y otros agentes del conocimiento y en la conexión de éstas con nuestro tejido productivo, promoviendo la transferencia de conocimientos a las empresas; favoreciendo el establecimiento de un nuevo escenario, en el que las empresas sean más competitivas, las universidades más eficientes y los empleos de más calidad. Promoviendo, en definitiva, un modelo económico basado en el conocimiento.

Un ejemplo significativo es Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), una Fundación privada promovida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que sirve de lugar de encuentro entre investigadores y empresas con vocación innovadora. En estos momentos, en CTA participan 132 empresas, más de 1000 investigadores pertenecientes a 202 grupos de investigación andaluces que están desarrollando un total de 193 proyectos de I+D+I. Aquí es obligado reconocer el esfuerzo que también está haciendo el empresariado andaluz: el gasto de las empresas andaluzas en actividades de I+D, ha pasado de apenas 90 millones de euros a 550 millones en los últimos diez años, creciendo el triple que el conjunto de España.

Todavía no estamos en una posición envidiable, aún arrastramos muchos problemas que vienen de muy antiguo, pero, en política científica, caminamos en la buena dirección, en la de crear las condiciones que permitan cambiar nuestro modelo productivo. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero teniendo en cuenta de donde partíamos, podemos estar razonablemente satisfechos. Éstos son, en definitiva, los nuevos tiempos, nada que envidiar a aquellos otros, ninguna nostalgia al respecto. ¿Nos damos una vuelta por Cartuja 93?

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