Es mucho más importante y da mayor poder e influencia ser alcalde de Madrid que presidente de la Comunidad. Aunque ahora la Alcaldía esté en manos de una veterana magistrada de ideas radicales, Manuela Carmena, y la presidencia de la región la ostente Cristina Cifuentes, una política ambiciosa, a la que le queda mucha carrera por delante y que milita en el partido que gobierna España. Como en condiciones normales, si dejamos a un lado el factor soberanista que todo lo distorsiona, la Alcaldía de Barcelona superaría en peso político a la Generalitat: de hecho, en los años de boom olímpico Maragall no sólo hacia sombra a Pujol, sino que lo dejaba atrás. Lo mismo podría decirse de Valencia o incluso de Galicia: cuando el PSOE tenía el gobierno de La Coruña, le servía como eficaz contrapoder a la Xunta del PP. También ocurre fuera de España. Si usted es una persona expuesta a la información internacional seguro que por lo menos le suena el nombre de Bill de Blasio como alcalde de Nueva York y el de algunos de sus antecesores como Bloomberg o Guiliani. Pero casi seguro que tiene que recurrir a Google para saber quién es el gobernador del Estado del que la megaurbe no es ni capital.

Se trata del poder de las ciudades en un mundo globalizado en el que las fronteras estatales están dejando de tener sentido. Es uno de los fenómenos políticos que con mayor fuerza están caracterizando el primer cuarto del siglo XXI. Son muchos los teóricos que defienden que las ciudades globales están acumulando riqueza y recursos, están desempeñando un papel central como motores de la economía y están estableciendo redes transnacionales que superan las fronteras convencionales. Es un cambio, como analiza un potente dossier que acaba de editar La Vanguardia, que está ya en pleno desarrollo pero que no ha mostrado aún ni una pequeña parte de sus potencialidades.

Aquí, desgraciadamente para nosotros, nos movemos en otras escalas. Sevilla tiene, en la teoría, las características necesarias para convertirse en una ciudad con peso político, social y económico en el sur de Europa. Pero es una capacidad que tiene castrada por sus propias incapacidades y por el hecho, que constituye un fenómeno marcadamente andaluz, de que todo el poder está transferido a la Administración regional. La Junta lo ocupa todo y lo limita todo. Vista desde Sevilla, esta circunstancia podría tener una base política: la mayor parte del periodo democrático la capital ha tenido alcalde socialista y desde San Telmo se ha impuesto un perfil bajo. Pero incluso cuando ha habido en la Plaza Nueva alcaldes de otro partido y con fuerte personalidad, Alejandro Rojas Marcos y Soledad Becerril, Sevilla ha estado fuera de juego como gran ciudad. El problema, y la solución si la hubiera, convienen buscarlo dentro.