EL radical cambio de estrategia económica del Gobierno ha desconcertado a partidos, sindicatos, empresas, analistas y ciudadanos. Con coraje y valor para algunos e improvisación y precipitación para otros, ha anunciado su voluntad de acometer con urgencia tres grandes reformas: la de las pensiones, la del mercado de trabajo y la consolidación fiscal. Con la presidencia europea de Zapatero y su posterior comparecencia en la cumbre del Foro de Davos, la economía española y su política han sido sometidas a un riguroso chequeo por los analistas de todo el mundo. Bajo los potentes focos de luz de los medios económicos internacionales, se han puesto de relieve nuestras debilidades e imperfecciones.

Se ha llegado a afirmar que nuestro altísimo desempleo, baja competitividad, alto endeudamiento y alarmante déficit público, unido a la ausencia de una hoja de ruta con medidas consistentes para su reducción, podrían desestabilizar a la UE, dificultando su salida de la recesión. Se nos considera un país débil y poco fiable como el resto de los despectivamente denominados pigs (Portugal, Irlanda y Grecia).

En respuesta a este negativo diagnóstico, los mercados financieros, jueces y verdugos implacables, han castigado nuestra deuda pública encareciendo su financiación. Este castigo se está extendiendo a los bancos y las empresas españolas que en estos días asisten a un encarecimiento de su financiación y a fuertes caídas de sus cotizaciones. Es posible que esta visión crítica internacional, exagerada y deformada en algunos aspectos, pero fundamentada en lo esencial, haya devuelto al Gobierno traumáticamente a la realidad de los hechos. Pero sea como fuere, son reformas necesarias que debieron haberse acometido hace tiempo y que eran demandadas por todos los organismos internaciones y nacionales, incluidos el Banco de España y la oposición.

Las reformas sugeridas por el Ejecutivo han provocado indignación. Que el partido en la oposición rechace las formas es comprensible, que no comparta el fondo de unas medidas que coincidan básicamente con sus propuestas es preocupante, dada la situación de emergencia del país. Estamos ante un problema de confianza y de credibilidad del Gobierno. Una actitud titubeante demuestra inseguridad. Más que nunca es necesario que el Gobierno plasme las medidas anunciadas en un plan amplio, integral, consensuado con la oposición y abierto al debate con todos los agentes sociales, empresarios y sindicatos.

Con cuatro millones de parados, bajo la lupa de los mercados financieros internacionales y peligrando nuestra financiación exterior, España se encuentra en una situación de emergencia que exige un nivel de responsabilidad política muy por encima de los intereses de partido. Necesitamos un gran consenso. España tiene medios, infraestructuras, empresas y sobre todo personas con talento para salir reforzada de la crisis. Tan sólo necesitamos creérnoslo y ponernos todos a trabajar en la misma dirección y con el mismo proyecto.

Demandamos sensatez, responsabilidad y consenso en un plan de salida realista para salir de la crisis, es un clamor de los ciudadanos.