La crónica económica

Joaquín Aurioles

La coherencia fiscal

SEGÚN el CIS, a los españoles les preocupa la vivienda y la situación económica, por lo que ya podemos imaginar la composición del menú de campaña con debates sobre si se ha entrado o no en recesión o las consecuencias de la crisis inmobiliaria. De momento se han lanzado las primeras propuestas fiscales que, con un indudable trasfondo de coherencia ideológica, se resumen en rebajas fiscales por parte de la derecha y aumento del gasto social por parte de la izquierda, con las ayudas para el acceso a la vivienda como la iniciativa más mediática.

Además hay que reconocer un cierto grado de coherencia financiera, dado que también este año habrá más ahorro público del previsto, debido a que los ingresos crecen más (un 10,7 por ciento hasta octubre) que lo presupuestado y, sobre todo, más rápidamente que los gastos, que aumentan un 7,5 en ese periodo. En realidad es lo que viene ocurriendo desde finales de la década pasada, gracias al prudente optimismo de los responsables de Hacienda al presupuestar los ingresos tributarios, de acuerdo con un objetivo de presión fiscal supuestamente estable.

El problema es que la recaudación también crece más intensamente que el PIB, incluso en años de ajustes y rebajas fiscales, dando lugar a casi una década de equilibrios y superávits presupuestario y con aumento sistemático de la presión fiscal.

Se trata de uno de los escasos síntomas de incoherencia fiscal de los últimos tiempos, aunque nada comparable con lo que se observa cuando nos adentramos en el terreno de la financiación autonómica. La Comunidad de Madrid, en un alarde de coherencia ideológica, va a liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio, reduciendo en un punto el tipo de gravamen, y rebajar la presión fiscal con otro punto en la tarifa autonómica del IRPF.

Se trata de una de las consecuencias del acuerdo de financiación autonómica entre Zapatero y Más, del que se temían posibles implicaciones en materia de competencia fiscal entre las regiones, ya que hay comunidades, como la andaluza, que seguirán dependiendo de las transferencias del Estado para cubrir sus necesidades financieras, mientras que otras obtendrán del nuevo cóctel de impuestos autonómicos más recursos de los que les corresponde. En principio tendrían que devolver la diferencia a Hacienda, aunque siempre queda la posibilidad de ceder a la tentación de utilizar la capacidad normativa de las Autonomías para reducir la presión fiscal sobre sus ciudadanos y lograr privilegios frente al resto.

Es lo que ha hecho Madrid y harán otras muchas en breve, lo que significa que aparecen nuevas amenazas de agresión a la neutralidad territorial del sistema fiscal y que dos individuos con idéntica capacidad económica pueden tener un tratamiento fiscal diferente en función dónde residan. La mayor incoherencia, no obstante, es que podría llegarse a una situación en la que sean los residentes en las regiones más ricas los que disfruten de mayores privilegios fiscales.

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