SEGÚN se narra en Las Metamorfosis de Ovidio, Aracne, famosa por su gran habilidad para el tejido y el bordado, terminó tan engreída de su destreza como tejedora que empezó a jactarse de que sus habilidades eran superiores a las de la diosa Atenea, a la que propuso un concurso de tejido en el que pudiera demostrar su superioridad. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón y, según relata Ovidio, el tapiz de Aracne representaba veintidós episodios de infidelidades de los dioses disfrazados de animales. Lo irrespetuoso de la temática elegida enfadó a Atenea, que destruyó el tapiz y el telar de Aracne, convirtiéndola finalmente en araña.

El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros dio a conocer que ha elaborado un informe para impulsar la unidad económica, a través de la identificación de aquellas normas que están afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas, así como mediante la comprobación de si son necesarias y proporcionadas las intervenciones económico-administrativas existentes. El resultado del informe ha sido demoledor, pues ha cuantificado en 2.700 el número de normas que perjudican la unidad de mercado; en una proporción, aproximadamente, de un 30% estatales y de un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos (lo que da una idea clara del alcance del problema).

El contexto del referido informe es el Plan de Racionalización Normativa que acompañará al proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, que pretende simplificar e impulsar el mercado único español a imagen y semejanza del mercado único europeo, tal y como vienen solicitando no sólo los operadores económicos y los inversores extranjeros sino también la Comisión Europea y los diferentes organismos internacionales como la OCDE, el Consejo Europeo y el FMI.

En el ámbito estatal, se modificarán o derogarán -durante el primer semestre de 2014 y a partir de las indicaciones del grupo de trabajo interministerial dirigido por el titular de la Secretaría de Estado de Comercio- todas aquellas normas que no pudiendo justificar el mantenimiento de su vigencia en la protección de un bien superior al de la unidad de mercado, entren en conflicto con la ley horizontal, entre sí o con el objetivo de unidad económica. No obstante, según señaló el Ejecutivo, muchas de estas normas ya están siendo modificadas en este sentido, como por ejemplo el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales o la modificación prevista de la ley de Bases de Régimen Local.

Una de las principales competencias que atribuye nuestra Constitución a las comunidades autónomas es la potestad legislativa sobre determinadas materias, bien de forma exclusiva, bien de forma compartida con el legislador estatal. Potestad que ha sido compulsivamente ejercitada por el legislador autonómico, de forma que las normas autonómicas se suceden sin solución de continuidad y con tal celeridad que hacen de su conocimiento una tarea hercúlea para el jurista e inabarcable para el lego. Lo profuso de la producción normativa autonómica parece responder, en ocasiones, más a la mera construcción de una suerte de muralla legislativa que aísle el ámbito competencial propio del estatal que a necesidades legislativas reales. Obviando así que la legislación estatal y autonómica no han de ser compartimentos estancos sino que han de formar un todo armónico.

De igual forma, el legislador estatal tampoco ha sido inmune a la tentación de demostrar su superioridad regulatoria, cayendo también en el sobredimensionamiento de su normativa. Contribuyendo, además, a la multiplicidad, heterogeneidad y complejidad de la normativa en vigor, entre otros motivos, por haber dejado prácticamente inédita la previsión contenida en el párrafo tercero del artículo 150 de la Constitución, esto es, las leyes de armonización. Ellas permiten fijar por razones justificadas de interés general los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.

Llegado el punto en el que nos encontramos, en el que se cuentan por miles las normas, tanto estatales como autonómicas, que dificultan el principio de unidad mercado, sin duda, es hora ya de poner fin a esta suerte de competición legislativa en la que se hayan inmersos desde hace más de tres décadas ambos legisladores. Competición, en la cual el Gobierno central debe erigirse como primer custodio del interés general de la Nación, del que el principio de unidad de mercado es manifestación específica y destacada. Acabando así, cual Palas Atenea, con el complejo de Aracne que ha llevado al legislador estatal y a los legisladores autonómicos a convertir su respectiva normativa en una tela de araña que amenaza, gravemente, con paralizar la iniciativa emprendedora de la sociedad civil y ahuyentar a los inversores internacionales.