EL anterior lehendakari se indignaba de que el "Gobierno de Madrid y las instancias europeas" cuestionasen no sólo la aplicación, sino la existencia misma del concierto económico vasco, lo que interpretaba como un intento de limitar su capacidad para tener sus propias normas, su propio IRPF y sus propios incentivos fiscales a la inversión. No era su intención, pero daba en el clavo: el concierto supone un privilegio para los vascos que perjudica al resto, especialmente a los vecinos. Ahora se pretende blindar lo que algunos presentan como un derecho histórico y otros como una iniciativa para "equiparar las normas fiscales con las del resto del Estado". Para mucha gente no es más que un privilegio trasnochado que debería desaparecer.

El concierto vasco se remonta a la Ley Confirmatoria de los Fueros de 1876, que extendía a los territorios vascos la legislación civil y mercantil vigente en el resto del Estado. Recién acabada la tercera de las guerras carlistas, las instituciones vascas se encontraban completamente desmanteladas. Por otro lado, los vascos habían disfrutado de un estatus fiscal especial que, más que derecho, habría que calificar de privilegio propio del feudalismo. Desde Felipe V hasta la reforma de Mon, en 1845, hubo tres regímenes fiscales en España: el de la Corona de Castilla, el de la Corona de Aragón y el de las Provincias Exentas de Vascongadas y Navarra. Así que coincidiendo con los esfuerzos en el resto de España para levantar una nueva topografía catastral con fines fiscales, la solución del Gobierno de Cánovas, precisamente un andaluz, para solventar el vacío institucional de las provincias vascongadas fue la fórmula del concierto económico, por el que las Diputaciones se comprometían a recaudar el cupo concertado con el Estado. El Estado delegaba la potestad recaudatoria en las Diputaciones, que podían elegir la fórmula que quisieran y eligieron los impuestos indirectos, que de paso permitió a la burguesía conseguir su objetivo de continuar sin pagar impuestos.

Los conciertos posteriores se han mantenido como vestigios de un privilegio anacrónico disfrazado de derecho histórico, aunque difícilmente conseguiría remontarse como tal mucho más allá de la Constitución de 1978. También se ha mantenido la costumbre de cuantificar a la baja la contribución, que según Rosa Díez, una de los pocos que se atreven a una denuncia abierta, les permite ahorrar cada año 2.60 millones y, de paso, discriminar contra sus vecinos. El compromiso de equivalencia de la carga fiscal sigue estando vigente, así como la libertad de las Diputaciones para definir su estructura impositiva y lo han hecho cargando las tintas en el IRPF y reduciendo la presión sobre las empresas (las famosas vacaciones fiscales). Las consecuencias se perciben en forma de incentivos a las personas a trasladar su residencia hacia alguna comunidad vecina y a las empresas para establecer su domicilio fiscal en territorio vasco, así como en una multitud de denuncias y recursos, que es lo que ahora se intenta frenar con el blindaje del concierto.