LOS resultados de las elecciones del 20-N, traducidos en una amplia mayoría para el PP y la más pequeña representación del PSOE desde 1979, seguramente tienen más explicaciones además de la crisis económica y la gestión de la misma que hemos hecho los socialistas. Hemos perdido más de cuatro millones de votos, hemos sido derrotados en todas las circunscripciones menos en dos, y nuestra presencia en las Cortes Generales ha sido duramente recortada, especialmente en el Senado.

Entre esas otras explicaciones se podría mencionar la necesidad de redefinir el Estado de bienestar para dar respuesta desde la equidad al modo especulativo de desarrollo del capitalismo que se ha extendido con la globalización, así como a la conveniencia de abordar un cambio en el modelo de organización del trabajo político, o a la mayor permeabilidad del partido a las demandas sociales y cívicas, y también, en suma, a la necesidad de continuar el permanente proceso de renovación que nos ha permitido conectar con un amplio bloque social de millones de españoles desde 1977 hasta hoy.

De cómo abordar todo eso, y de la estrategia de oposición al Gobierno de la derecha, así como de los equipos humanos que dirigirán al PSOE durante los próximos años, deberán hablar los militantes socialistas y los delegados al próximo Congreso Federal. Soy de los que creen que un mero proceso de maquillaje, de simple marketing electoral, no valdría para nada. El mayor problema del PSOE y de la izquierda democrática española y europea es que, superada la etapa de las terceras y nuevas vías, la socialdemocracia debe encontrar el camino que le permita, tanto defender la primacía del valor de la equidad en la sociedad que está conformándose en el primer tercio del siglo XXI, como dar cuenta, a la vez, de las nuevas realidades sociales y económicas.

Tenemos que huir de los dogmatismos, es cierto, y ante todo de algunos dogmas que hemos asumido con bastante ligereza, como el de que la actual situación de crisis es debida a un supuesto despilfarro del conjunto de la sociedad, a que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo que conduce a aceptar pasiva y resignadamente que ahora tenemos que pagar por ello en forma de recortes en los derechos y las prestaciones, mientras los auténticos causantes de la crisis continúan obteniendo copiosos beneficios. Antes de ello, asumimos también que el Estado de bienestar padecía una crisis fiscal que cuestionaba su viabilidad, como aceptamos que la fiscalidad directa frenaba el crecimiento y la inversión privada, o que era preferible la redistribución en los gastos frente a la redistribución en los ingresos a través de la progresividad fiscal. Todos esos dogmas nos colocaban -nos colocan- en el terreno marcado por la ideología conservadora.

Todo ese proceso continuado de renuncias y aceptaciones nos ha llevado a que el margen para hacer políticas diferenciadas de las de la derecha se haya ido estrechando, haciéndonos cada vez más difícil adoptar medidas eficaces desde el punto de vista de la igualdad real de oportunidades, hasta llevarnos a perder una gran parte de los elementos que nos identifican ante un amplio sector de nuestra base social, que ha ido progresivamente engrosando las filas de la abstención. Ha bastado que la crisis financiera global nos castigara duramente desde 2008 en todos los flancos y especialmente en nuestro frágil crecimiento del empleo basado en la construcción inmobiliaria, para que el escenario se haya precipitado hacia una pérdida tan severa de credibilidad y apoyo como la que ponen en evidencia los resultados de los dos procesos electorales del presente año.

Lo que en cualquier caso tenemos que reconocer es que nos han votado casi siete millones de españoles, que somos la fuerza mayoritaria de la oposición al nuevo Gobierno del PP, que mantenemos un suelo de casi el 30% del electorado, y que todo ello significa un depósito enorme de confianza al que tenemos el deber de corresponder. No hacerlo sería tanto como dejar abandonados a su suerte a esos españoles que nos han votado, a los que en la duda han preferido abstenerse antes que votar otras opciones, así como a las generaciones venideras, que constituyen el más importante caudal de cambio de la sociedad española.

Tenemos, pues, que profundizar en un proyecto socialdemócrata del siglo XXI, es decir, un proyecto que marque como estrategia el crecimiento económico, la innovación y la sostenibilidad para la creación de empleo, y que tenga como eje transversal la equidad para hacer posible la igualdad de oportunidades. Por eso es esencial que el Congreso de febrero no se cierre en falso, que no nos precipitemos ni nos dejemos llevar por la imagen ni las expectativas que interesadamente nos quieran marcar desde fuera. Tenemos la obligación moral y política de acertar; eso es lo que el pueblo español espera de nosotros.