La tribuna económica

Joaquín Aurioles

La consolidación fiscal

I NDEPENDIENTEMENTE de que el origen estuviese en el exterior, como se decía al principio; en los excesos del ladrillo o, como ahora señala el Ministro Corbacho, en la avaricia financiera de los bancos, lo cierto es que el Gobierno decidió sacar toda su artillería desde el principio para combatir la crisis, con dos consecuencias importantes. La primera, el agotamiento inmediato de la munición. El superávit del 2,2 % del PIB en las cuentas públicas de 2007, se convirtió en 2008 en un déficit de algo más de 40.000 millones, equivalentes al 3,8% del PIB, que es el cuarto más abultado de la zona euro, y amenaza con llegar al 10% en 2009. La segunda, que Bruselas ha decidido abrir un expediente de déficit excesivo contra España, a la que concede hasta 2012 de plazo para corregirlo. La reacción del Gobierno también ha sido doble. Por un lado, elaborar un Plan de Consolidación Fiscal para intentar devolver el déficit público al límite del 3% del PIB permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por otro, que la vía para conseguirlo no va ser, tras el esfuerzo en la contención del gasto corriente, profundizar en la austeridad por la vía de la eliminación de gasto superfluo, sino que habrá subida de impuestos. No ha habido pronunciamiento oficial al respecto, pero tras el anticipo de los tributos sobre tabacos y carburantes, las noticias al respecto no han dejado de sucederse.

Primero fueron las especulaciones en torno a una reducción de las cotizaciones sociales a las empresas, que se compensaría con un aumento equivalente en la recaudación por IVA. Si las empresas son capaces de trasladar a sus precios la disminución de sus cargas sociales, los efectos de la medida podrían ser similares a los de la devaluación de la moneda, ya que el aumento del impuesto sólo repercutiría en el precio de los productos importados. Después vinieron las declaraciones del Ministro de Fomento sobre la posibilidad de subir el IRPF a los más ricos. Si queremos políticas sociales, como la ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado sus derechos después del 1 de agosto, alguien tendrá que financiarlas, vino a decir, para luego puntualizar que tan sólo se trataba de una opinión personal.

Lo que parece inevitable es que habrá subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, lo que significa que, en lugar de adaptar sus recursos y su capacidad de gasto, el Gobierno está dispuesto a cargar sobre las espaldas de los contribuyentes el coste de los ajustes, aunque todavía sin saber cómo se van a repartir. A la solución de más IVA y menos cotizaciones sociales se oponen los sindicatos, el principal baluarte del Gobierno para sacar adelante su proyecto de concertación social. Por otro lado, la subida del IRPF a los ricos no parece tener mucho recorrido y tendrían que ser las rentas medias las que terminasen soportando la mayor parte de la carga. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, sólo el 3,7% de la recaudación corresponde al tramo más elevado de renta (60.000 euros), que además son los que disponen de más recursos para defenderse del aumento de la presión fiscal.

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