La esquina

josé / aguilar

A más control, menos desvíos

EL BOJA, que es el Boletín Oficial, pero no del Estado, sino de la Junta, publicó ayer la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que impone mecanismos adicionales de control de las llamadas transferencias de financiación a los entes del sector público andaluz (agencias, sociedades, fundaciones y consorcios).

¿Y esto qué es? Pues la materialización de un compromiso contraído por la presidenta de la Junta en septiembre pasado: aumentar las medidas de control y fiscalización, previa y posterior, de las transferencias de fondos de la Junta hacia sus organismos instrumentales. Con decir que está relacionado con el escándalo de los ERE ya está dicho casi todo: se trata de vigilar el flujo y el uso del dinero de todos, excesivamente discrecionales hasta ahora.

Las transferencias de financiación fueron utilizadas durante años por varios consejeros de Empleo para repartir subvenciones millonarias a empresas en crisis, hurtando a la Intervención General de la Junta su papel controlador gracias a que el dinero no salía directamente de la Consejería, sino que de ésta se transfería al IFA o IDEA y de éstas a las empresas, y en esa estación intermedia se evaporaba la labor de los interventores. La excusa era que de este modo se agilizaba la concesión de subvenciones, rehuyendo la habitual lentitud de la burocracia autonómica.

La realidad fue que la administración de las subvenciones y ayudas pudo hacerse con total desenfado y alegría, favoreciéndose el clientelismo y la corrupción de todos conocidos. Toda la instrucción de la juez Alaya pretende demostrar -tarea difícil, ciertamente- que estas transferencias de financiación fueron el mecanismo expresamente buscado por los responsables políticos de la Junta para escapar de la función fiscalizadora de la Intervención. Para tener las manos libres, vamos. La convicción de la instructora es que no hubo negligencia, sino política deliberada y, por tanto, culpable.

Sea como fuere, la orden de Hacienda y Administración Pública publicada ayer significa cierta forma de asunción de responsabilidad por el pasado y de compromiso de que estos hechos no se repitan. La Intervención se asegura facultades más precisas de fiscalización de la transferencia antes de su ejecución y de verificación a posteriori de su uso. Como debió hacerse siempre. Para eso está la Intervención. Para evitar casos como el de los ERE. Y otros.

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