NO es casualidad que los datos vinculados a los precios empiecen a sincronizarse. El índice de precios industriales de octubre se disparó un 4,7 por ciento en España, superando el nefasto dato de inflación de pasado noviembre (4,1 por ciento). Ahora es el turno de los costes laborales, que crecieron en el tercer trimestre un 4,2 por ciento, según la encuesta que elaborada el INE. Evidentemente, precios finales y costes laborales están estrechamente relacionados. De hecho, en términos macroeconómicos los salarios son considerados el principal determinantes de la inflación. En estos días, sindicatos, patronal y Gobierno se han puesto de acuerdo en contener los salarios para combatir la inflación.

El acuerdo llega un poco tarde. Como observamos en el gráfico, la legislatura socialista ha supuesto un continuo crecimiento en los costes laborales, lo que ha convertido en inútil el esfuerzo realizado en 2003. Esta pasividad podría entenderse si el incremento en estos costes se hubiera transformado en ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores. Pero no es así por dos razones. En primer lugar, no todo el gasto del empresario en factor trabajo llega al trabajador. Dentro de los costes laborales, encontramos el coste salarial y también las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el tercer trimestre, el empleador desembolsó 2.200 euros por trabajador y mes, de los cuales llegaron al trabajador 1.608 euros y a la Seguridad Social, 592. Precisamente la parte que más creció fue la impositiva, de modo que los salarios aumentaron un 3,8 por ciento en tasa interanual, mientras que los otros costes se incrementaron un 5,2. Por lo tanto, el Ejecutivo es responsable de la escalada de precios, tanto por su inactividad frente a la inflación como por incrementar los costes laborales. En segundo lugar, esta pasividad frente a los costes no beneficia al trabajador porque sus salarios crecen menos que el coste de la vida.

También ha sido una pasividad que acarrea gran injusticia. La razón es que el incremento en los costes laborales ha sido muy desigual, sectorial y geográficamente. Por sectores de actividad, el mayor incremento fue en construcción, con un 5,4 por ciento, seguido de los servicios (4,5) y la industria (3).

Por comunidades, las diferencias salariales alcanzan los 600 euros al mes (de los 1.971 euros por trabajador y mes en el País Vasco hasta los 1.344 de Murcia). Además, la brecha tiende a abrirse, porque las mayores alzas se dieron en Canarias (5,5 por ciento), el País Vasco (5,1) y Cataluña (4,9), frente a Murcia (3,1), Madrid (3,2), Castilla y León (3,3) y Andalucía (3,4).