E L aeropuerto es la puerta de entrada a Sevilla para más de tres millones de personas que luego difunden fuera de nuestras fronteras sus vivencias en la ciudad y, por tanto, proyectan en el exterior una imagen de la que depende el mantenimiento del atractivo de Sevilla como meca turística. Nada de lo que pase en el aeropuerto debe resultarnos ajeno, y menos cuando como ahora ha vuelto a producirse otra bronca que se ha saldado con varios heridos entre policías y taxistas a cuenta de una disputa con un particular sobre el uso de una zona reservada a parada de taxis. Es inconcebible que el aeropuerto de San Pablo esté deliberadamente organizado para que el ciudadano que acuda en coche a recoger a un familiar carezca de sitio donde esperar siquiera unos minutos y se vea obligado a bajar al parking de pago o a invadir las paradas del autobús o del taxi, pero ni siquiera eso puede justificar la desproporcionada reacción de ciertos taxistas que actúan en San Pablo conforme a sus propios códigos. La mala fama que arrastra el gremio del taxi dentro y fuera de Sevilla no es casual -el colectivo debería hacer su propia autocrítica- y se refleja en cuantos estudios comparativos se hacen sobre el sector y en las quejas que, sobre todo para el trayecto hasta o desde el aeropuerto, reciben las organizaciones de defensa de los consumidores en cuanto a cobro abusivo de tarifas y actitudes despectivas hacia los turistas. El Ayuntamiento trata de quitar hierro al escándalo reduciéndolo a un mero hecho puntual y achacando tales conductas a una minoría, pero no es la primera vez, y nos tememos que no será la última, que acaecen escándalos en San Pablo. La turista de Aquisgrán que estuvo aquí durante la Expo y que sufrió el jueves las consecuencias de la bronca decía que ya otras veces había tenido problemas con los taxistas. La gran bronca con heridos puede ser un hecho puntual, pero las quejas sobre prácticas abusivas son generalizadas y alimentan la leyenda negra de ciertos taxistas que han hecho del aeropuerto un coto privado al margen de la autoridad municipal.