La esquina

La crisis y las autonomías

ME comenta un prestigioso profesional: "El Gobierno nos engañó a todos negando que hubiera crisis". Dado que él es dentista y yo le oigo tendido en el sillón de paciente, le doy la razón sin titubeos. Punto -y bisturí- en boca.

Pensándolo bien, y una vez superado el trance y ya sin coacción, creo que el médico acierta en su diagnóstico. La crisis, aunque la sigan llamando desaceleración, se incubó antes del otoño y ahora la tenemos en todo lo alto. Ha pasado ya por las inmobiliarias y constructoras, las hipotecas y el precio de la leche, el petróleo inaccesible y las ventas de coches, y ha llegado hasta el Rocío, que ya tiene que estar mala la cosa para que muchos andaluces no hayan ido este año a la aldea, ni los cabales por las arenas ni los malajes por carretera.

La crisis oficialmente negada ha alcanzado tal envergadura que ha habido quien ha pretendido convencer al Gobierno de que aplazaran las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. No un cualquiera, sino Felipe González, en notorio artículo en su periódico favorito, al que respondió en el mismo sitio José Montilla, éste con el argumento de que Cataluña no puede esperar. Ya será menos... Como es tradición, Manuel Chaves se adhirió a la postura de Felipe. Ambos estimaban, con buen criterio, que lo prioritario es la crisis y que, precisamente por la crisis y su inevitable repercusión en el superávit del Estado, va a ser difícil repartir nada nuevo a las comunidades autónomas.

El presidente Chaves tuvo que recular en la ejecutiva federal del PSOE, que también preside, al posicionarse Zapatero en contra de cualquier demora. La dirección socialista acordó impulsar las negociaciones bajo una premisa y un pronóstico pletóricos de optimismo: que no se trata de un asunto de enfrentamientos territoriales y que habrá acuerdo entre todos los agentes implicados (Gobierno, barones del PSOE y barones del PP, comunidades ricas, pobres y mediopensionistas). No, si acuerdo va a haber casi con toda seguridad, entre otras cosas porque el Estatuto catalán pone fecha y el Gobierno tiene el compromiso de que el nuevo sistema entre en vigor el año que viene.

La cuestión está en saber quién va a ceder más en sus intereses. Se trata de decidir hasta dónde y hasta cuándo debe llegar la solidaridad de las regiones ricas con las pobres. Durante la bonanza, cuando hay mucho que distribuir, toda la clase política puede presentarse ante su clientela como triunfadora; al fin y al cabo, crecen los números absolutos de la aportación del Estado a cada comunidad, aunque se reduzca el porcentaje. Todo cambia, sin embargo, cuando enflaquecen las vacas y viene la crisis desmentida. Ahora.

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