EN los últimos días se siguen escribiendo capítulos importantes de la historia contemporánea de la economía y las finanzas. El mundo observó con miedo y cierta ansiedad cómo el sistema financiero estadounidense miraba al abismo -y con él mirábamos todos- pendiente de los titubeos en la aprobación final del plan de rescate de ese país que, por sí sola, no despejó las dudas, sino que precisó de nuevas intervenciones, bajadas de tipos -conjuntamente con el Banco Central Europeo y otros bancos centrales- y diversas adendas y medidas excepcionales, con compras directas de capital de entidades financieras incluidas. Finalmente, llegó el turno de Europa. Era inevitable porque la crisis es ineludiblemente global. Y lo hizo con efectos asimétricos.

La asimetría ha sido, sin duda, el germen de las controversias y el motor del cambio. El riesgo de quiebra de entidades hipotecarias en Reino Unido y Alemania fue seguido por planes de rescate y elevaciones del seguro de depósitos unilaterales en estos países, con episodios similares en otros estados europeos como Irlanda, Portugal o Dinamarca. Visto desde una óptica ajena a tecnicismos económico-financieros, esa "unilateralidad" puede parecer poco importante. Sin embargo, un cambio aparentemente simple en el nivel del seguro de depósitos en un país de la UE puede dar lugar a movimientos especulativos y prácticas de arbitraje desestabilizadoras en terceros países. Y eso, con lo revuelto que está el ambiente financiero, puede suponer mucho. No es sorprendente, por lo tanto, que estas asimetrías condujeran a los países miembros de la UE a una coordinación tan forzada como necesaria. Ahora observamos cómo se han sucedido no sólo elevaciones progresivas (o coberturas completas) de los sistemas de garantía de depósitos en toda Europa. A ellas han seguido sucesivos planes de rescate específicos para cada país que ya se estima que, globalmente, costarán más de 1,8 billones de euros.

Hay planes de rescate para todos los gustos. En algunos se contempla que el Estado puede comprar participaciones en bancos, en otros garantizar los préstamos entre las entidades y en otros directamente adquirir activos o títulos de deuda con escasa salida al mercado para estimular el crédito bancario. Entre todos, tal vez el más llamativo en términos cuantitativos y por su alcance es del Reino Unido, el ya llamado Plan Gordon Brown, que ha liderado las actuaciones de otros países, y cuyo coste se estima en 640.000 millones de euros e incluye medidas como la compra de acciones de grandes bancos y garantías estatales para los préstamos interbancarios.

España también tiene su plan, que en general ha sido bien acogido. La iniciativa más singular del gobierno español ha sido la creación de un fondo que compre títulos emitidos por las entidades, respaldados por activos de elevada calidad crediticia. Este fondo contará con entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Esta medida se complementa con un sistema de avales, que puede alcanzar en conjunto los 100.000 millones de euros, para las emisiones de deuda con un plazo máximo de cinco años. En casos excepcionales, el plan español también contempla la compra de participaciones de entidades financieras en apuros que necesiten reforzar sus fondos propios.

Ahora toca pensar qué calado tendrán estas medidas y si serán suficientes. A corto plazo ayudarán, sin duda, a cortar la hemorragia y a dar algo de vida a los mecanismos de financiación e inversión, congelados y al borde del colapso. El reto, sin embargo, está en el futuro, en lo que podríamos llamar "la crisis tras el rescate". Y es que será preciso algo más: la reforma de la arquitectura financiera internacional. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado hace unos días una coordinación internacional para restablecer la estabilidad financiera mundial. De otro modo, las dudas sobre la estabilidad del sistema y los mercados no se disiparían. Y la protección del Estado no puede ser eterna, por pura eficiencia. De no disiparse las dudas, los costes empezarían a ser algo más que palpables para el contribuyente.

Es precisa una regulación de alcance que abarque toda la operativa financiera, dentro y fuera de balance y cualquier tipo de ingeniería financiera. Es necesario que la regulación prime la visión a largo plazo y el control y seguridad en el comportamiento de los gestores financieros. Es deseable que se apliquen de forma eficiente, amplia y coordinada criterios solventes de fair value en la contabilidad de las operaciones financieras y que los organismos económicos internacionales adopten sistemas de alerta fiables para prevenir estas prácticas.

En España, el conjunto de medidas adoptadas ha aportado, al menos de entrada, cierta confianza y mayor seguridad. Es esperable, sin embargo, que en los próximos tiempos la economía siga sufriendo el envite de una crisis real a la que le queda aún bastante recorrido. Es presumible, además que sigamos asistiendo a un cierto nerviosismo en las bolsas y mercados financieros durante algún tiempo. Mientras tanto, sería bueno dirigir un ruego más para afrontar los retos de cambio estructural y productivo que nuestra economía precisa ya hace tiempo y, a ser posible, volver a ser protagonistas, como lo hemos sido en las últimas décadas, del cambio en la regulación financiera y del liderazgo en la solvencia bancaria.