CON un crecimiento en el segundo trimestre del 0,1% del PIB las perspectivas de la economía española no son nada optimistas, pues al estancamiento del PIB deben sumarse los signos de desaceleración del consumo y la inversión en las últimas semanas, además del agravamiento de otros indicadores, como la elevada inflación, el fuerte aumento del paro, el bajo crecimiento de la productividad y un desequilibrio exterior desmesurado.

El presidente del Gobierno, por fin y a regañadientes, reconoce la existencia de la crisis, aunque sigue consolándose con que otros países europeos la sufren de forma aún más intensa (Francia y Alemania tuvieron crecimientos negativos en el segundo trimestre, pero venían de crecimientos mucho más elevados en el primero). Expertos y medios de comunicación internacionales pronostican que podemos sufrir una recesión, y que puede ser más intensa que en el resto de Europa y EEUU, porque a los factores que determinan la crisis internacional se suma el agotamiento del modelo español de crecimiento de la última década apoyado en la explosión inmobiliaria y un elevado consumo, sustentados a su vez por las facilidades crediticias y los bajos tipos de interés.

Consecuencia de este modelo de crecimiento ha sido que el consumo y la inversión han superado la producción y generación de rentas de la economía española, provocando el mayor déficit exterior de los países desarrollados en relación al PIB. En otras palabras, hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, gracias a que la moneda única permite financiarnos con el ahorro de los alemanes y otros países sin necesidad de devaluar la moneda.

Ahora que vamos compartiendo el diagnóstico es el momento de compartir también la política económica, y el objetivo de ésta no puede ser otro que restaurar los equilibrios macroeconómicos básicos y mejorar la competitividad para iniciar la fase de recuperación con mayor solvencia. Competitividad que no va a venir de la mano del sector inmobiliario ni del exuberante consumo, sino de la cualificación de los factores de producción (capital humano y tecnológico), de la transición hacia una estructura productiva más especializada en sectores con elevado valor añadido y orientada a los mercados externos y de un mejor funcionamiento de los mercados.

Todo ello a su vez exige una estabilización de la economía para que disminuya nuestra elevada inflación y se restablezca el equilibrio exterior. Un ejercicio de austeridad inevitable que debe poner freno a la espiral de crecimiento precios-salarios y que debe afectar al conjunto de los agentes económicos. Esa austeridad debe afectar en primer lugar a accionistas y empresarios en las empresas en las que los beneficios disminuyen, mientras que las empresas en general deben colaborar a la contención de los precios. Pero también debe frenarse la tendencia a trasladar los aumentos de los precios a los salarios: la economía española en su conjunto está sufriendo un empobrecimiento por el shock externo del aumento del precio del petróleo y otras materias primas, y ningún sector económico o social puede reclamar mantener su nivel de renta como si ese shock externo no existiese.

La contención de las rentas también debe afectar a los que perciben rentas públicas. En el caso de las pensiones habrá que atender al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las más bajas, pero aumentos de las pensiones indexados a la inflación no parecen procedentes en circunstancias como las actuales y cuestionarían la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Y también tiene que afectar a las Administraciones Públicas, al menos en lo que se refiere a los gastos corrientes, lo que debe traducirse en una contención de los salarios públicos y en el saneamiento de las administraciones públicas para que sean más eficientes.

Un programa de estabilización de esta naturaleza es impensable que lo ejecute un gobierno por sí solo, tanto por su impopularidad como por la imposibilidad de obligar a los agentes económicos a la austeridad comentada. Es por ello por lo que en una situación de crisis económica grave como en la que nos estamos adentrando el gobierno debe plantear a los representantes empresariales y sindicales un pacto nacional, al que sería conveniente que se sumasen los partidos políticos y las comunidades autónomas.

La experiencia española de los Pactos de la Moncloa en 1977 nos muestra que en circunstancias excepcionales los compromisos de austeridad de los representantes concernidos generan un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Pacto que debería ir más allá del ajuste estabilizador, pues sería un marco adecuado para acordar reformas estructurales que posibilitasen una recuperación competitiva de la economía española.