Empieza a convertirse en tradición que los ciudadanos europeos, cada tres o cuatro años, tiempo que suelen emplear los líderes comunitarios en engendrar nuevos macrotratados (Ámsterdam, 1997; Niza, 2001; Constitución Europea, 2004; Lisboa, 2007), se opongan en referéndum a este modo singular de construir Europa, provocando situaciones de crisis institucional y política que se superan por la vía de volver a coser las piezas del monstruo y descargarle una buena dosis de voltios para que tome de nuevo vida. Mary Shelley no hubiese podido imaginar que casi doscientos años después de su Frankestein, su obra literaria pudiera servir para describir el proceso de construcción política de una Unión Europea que vive a golpe de espasmo electoral y de incomprensibles operaciones de cirugía jurídica.

Lo fácil es lo que están haciendo hoy, ahora mismo, los líderes europeos; es decir, pedir cuentas al Gobierno irlandés por su particular fracaso y exigirle que ponga soluciones sobre la mesa antes de que el Consejo Europeo de Bruselas, a partir de hoy, tenga que enfrentarse a la autocrítica y a la asunción de las propias miserias que el referéndum irlandés ha puesto de manifiesto. Al final, la culpa será de los irlandeses, que serán recriminados por su egoísmo e insolidaridad al haber mordido la mano que les ha dado de comer y los ha situado en el segundo puesto de nivel de renta per capita europea después de los lustrosos luxemburgueses. Lo difícil será que Durao Barroso y su colegio de comisarios, que los presidentes de Gobierno y primeros ministros de los Veintisiete, y que los bien pagados eurodiputados convoquen una cumbre interinstitucional para poner el freno a este modo delirante de hacer Europa, y empezar a contar con los ciudadanos, también con los irlandeses, para escucharlos, darles voz y dejar que expresen sus miedos, temores, deseos y visiones acerca de la Unión Europea en la quieren vivir con sus hijos.

Fue Jean Monnet, uno de los padres fundadores de esta genial idea de Europa, quien hizo un par de afirmaciones que hoy hay que recordar necesariamente: "No coligamos Estados, unimos personas", y "los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables". Verdades del carretero que nuestros líderes no son capaces de ver ni de traducir en la gestión de la política comunitaria. En contra de lo que pueda pensarse, la visión de Europa que tiene un irlandés difiere muy poco de la de un griego, un sueco, un alemán o un español. Los 862.415 votos que han dicho no a Lisboa expresan los mismos temores que los de millones de franceses y holandeses que dijeron no a la Constitución Europea.

La preocupación del ciudadano comunitario no está en comprender cómo funciona el método abierto de coordinación de la política de empleo del artículo 128 del Tratado CE, sino en comprobar si genera empleo de calidad y promueve el reciclaje profesional de los parados de larga duración e integra a la mujer en el mercado de trabajo de forma igualitaria. Tampoco le preocupa que el procedimiento legislativo de codecisión se desbloquee tras la segunda lectura con un comité de conciliación, sino que este mecanismo previsto en el artículo 63bis TCE sirva para solucionar los problemas de integración, seguridad y asistencia de los ocho millones de inmigrantes sin papeles que deambulan por el territorio comunitario sin más perspectivas que la aplicación de una Directiva que los repatriará después de 18 meses de detención administrativa sin habeas corpus.

El problema no está en la complejidad del Tratado de Lisboa, infinitamente menos complejo que el Tratado Constitucional de 2004, porque el 90% de los ciudadanos jamás se leerá ese Tratado. Si los ciudadanos europeos, también los irlandeses, creen que el Tratado no va a servir para mejorar su situación económica, social, sanitaria o de seguridad, votarán que no porque preferirán quedarse como están a arriesgarse a empeorar. Si el votante comunitario trabaja en una empresa de limpieza o en un aeropuerto, descargando contenedores o apilando maletas, y la empresa para la que ha venido trabajando durante los últimos veinte años decide rebajarle el salario un 20% y no reconocerle la antigüedad acumulada, porque la Directiva Bolkestein impone una liberalización casi salvaje del mercado de servicios en el que operan estas empresas, ese votante no dará nunca su apoyo al Tratado de Lisboa.

Si, en definitiva, las personas de las que hablaba Jean Monnet no ven en la acción política de los líderes europeos una voluntad decidida de crear un espacio de prosperidad y seguridad en Europa, sino un marasmo burocrático y distante dirigido desde Bruselas por fríos neodéspotas ilustrados carentes de la menor sensibilidad social, no habrá solución real a la crisis institucional, de liderazgo y de proyecto ante la que los sabios votantes irlandeses nos han puesto con toda la crudeza de que había menester. Mientras tanto, haremos lo que aconsejaba Jean Monnet en sus Memorias: "Aguardar a que la sensatez vuelva a las conciencias".