La tribuna

Rafael Caamaño Aramburu

El debate de Educación para la Ciudadanía

LA educación hace tiempo que se ha convertido en un campo de batalla, en lugar de un espacio sereno de estudio y trabajo. Parece como si asistiésemos a una lucha por el control del más importante recurso que tiene nuestra sociedad: su juventud.

Estamos viviendo estos días un capítulo más con el debate en torno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la objeción de conciencia a la misma.

¿Era necesaria esta asignatura? Nunca he sido partidario de su existencia, fundamentalmente por innecesaria e inoportuna.

La educación de nuestros jóvenes, dentro del currículum, en valores cívicos y democráticos, se puede hacer -y de hecho se hace- de muchas maneras. Sin olvidar que esa educación no es responsabilidad exclusiva de la escuela. En primer lugar, los principales responsables son los padres, el entorno familiar. Y la misma sociedad, que desgraciadamente en muchas ocasiones no transmite esos valores que queremos introducir en una asignatura. Es este un debate también interesante, de cómo la sociedad y en muchos casos las familias eluden sus responsabilidades y las descargan en una escuela y un profesorado que ven cómo su principal misión de enseñar y transmitir conocimientos parece que pasa a un segundo plano.

Nadie pensará que por impartir una asignatura en algunos cursos de toda la enseñanza obligatoria se educa a una persona. Esta educación se transmite de modo transversal a través de todas las materias, a través del comportamiento y actitud de cada profesor, de las normas de convivencia del centro. En definitiva, es la suma de actuaciones de toda la comunidad educativa.

Las directivas europeas no exigen la existencia de una asignatura específica, sino que han querido promover que -de la manera que parezca más oportuna- se inculquen esos valores dentro del currículum. Nuestro sistema educativo tiene en estos momentos otros problemas acuciantes -entre otros, un altísimo índice de fracaso escolar-, que exigen por ejemplo el refuerzo de materias básicas e instrumentales.

En cualquier caso, una vez se decide que exista esta asignatura, habría que pedir a todos los actores de este agrio debate un esfuerzo por la moderación y el diálogo.

Algo que, desgraciadamente, no estamos viendo en algunos de nuestros gobernantes. No se puede calificar de radicales e integristas a los padres que han decidido acogerse a una posible objeción de conciencia. La discrepancia en las ideas y el recurso a instancias judiciales, previstas precisamente en el sistema democrático que pretendemos enseñar a nuestros alumnos, es un hecho positivo que hay que aceptar con normalidad.

También se acusa de que se ha traspasado la esfera educativa para entrar en un debate movido por intereses políticos. No es cierto y, en cualquier caso, no es algo que se pueda achacar a las familias o a los centros de enseñanza, sino a la intervención de los partidos políticos de una manera interesada, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, aprovechándolo para sus intereses particulares, tanto desde la izquierda como desde la derecha. A ellos y a todos tenemos que pedirles más altura de miras y moderación.

Personalmente pienso que la politización del problema empezó al definir los contenidos de la asignatura. Parece que la sentencia del Tribunal Supremo dice que deben evitarse contenidos que estén en el debate de la sociedad.

No están en ese debate, y son incuestionables, los conocimientos sobre nuestras instituciones democráticas, los valores constitucionales, la participación democrática, el conocimiento de los organismos internacionales, etc.

Pero sí están en ese debate, y también es incuestionable, la ideología de género, los que afectan a la moral, el modelo de familia, el aborto (el mismo presidente del Gobierno en un reciente programa televisivo prefería no entrar en ese debate, reconociendo lo problemático del mismo)…

Son muy claras en este sentido las directivas europeas, las sentencias de nuestros tribunales y, sobre todo, el sentido común.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo abre un nuevo capítulo en este enconado conflicto. No me parecen positivas las primeras declaraciones que hemos escuchado: descalificaciones, llamadas a la confrontación, radicalización de las posturas.

Cuántas veces hemos reclamado la necesidad, tantas al menos como en los problemas económicos, de que se llegue a un gran acuerdo que deje la educación fuera de la discordia y de la batalla política, judicial o ideológica. Sería un buen momento para hacerlo ahora, interpretando las recomendaciones del Tribunal en este sentido.

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