LA consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, reabrió ayer el viejo debate sobre cómo lograr mejorar los ingresos del sector sanitario público, una discusión antigua que, por efecto de la crisis y el escenario general de reducción del gasto público, ha vuelto a cobrar vigencia. En opinión de la titular de la cartera de Salud del Ejecutivo andaluz, la vía más adecuada para refinanciar el déficit que sufre el servicio sanitario regional es la subida fiscal del alcohol y el tabaco. Su argumentación no arroja sorpresas sobre pronunciamientos anteriores: ambos son productos que perjudican a la salud y, por tanto, según Montero, quienes los consumen deben pagar más para compensar el supuesto daño que su utilización supone para el sistema sanitario. La fórmula alternativa -el copago- no es, según entiende la consejera, viable por dos motivos: no cubre el gasto necesario para su implantación y no disuade del "mal uso" de los servicios sanitarios. Con independencia del planteamiento de fondo, que sería discutible, se aprecia en estas palabras una visión más tecnocrática que política sobre la cuestión. Y, por tanto, relativamente alejada de las demandas ciudadanas. Es evidente que el escenario general obliga a controlar el gasto público, pero este factor no debe ocultar el hecho de que la gestión del Servicio Andaluz de Salud, y de la Administración regional en su conjunto, es mejorable en bastantes aspectos. Por tanto, sin descartar vías para evitar las posibles desviaciones presupuestarias injustificadas, parece más lógico antes de introducir este tipo de discusiones -que además no entran dentro de las competencias de la Junta de Andalucía- analizar con seriedad el grado real de eficacia de la sanidad andaluza y, en lo posible, tratar de ajustar los recursos a las necesidades básicas. Sólo entonces tendría sentido plantear fórmulas extraordinarias para compensar el elevado déficit sanitario. Insistir siempre en las subidas fiscales como única solución se antoja escasamente imaginativo, sin entrar a analizar su negativo impacto económico. Subir todavía más los impuestos es un parche, nunca la solución. Sí, en cambio, mejorar la eficacia de los servicios públicos.