La tribuna

ana M. Carmona Contreras

El debate soberanista: más de lo mismo

EL debate celebrado en el Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña, solicitando del Estado central que delegue su competencia exclusiva en materia de referéndum para permitir que se celebre en dicha comunidad autónoma la consulta independentista prevista para el próximo 9 de noviembre, ha brindado una nueva ocasión para que los principales actores políticos implicados reafirmen sus ya habituales -y enfrentadas- posiciones en este asunto. La única novedad relevante que se constató en el debate vino marcada por las abundantes referencias al contenido de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara, con el voto unánime de sus doce miembros, la inconstitucionalidad de la Resolución 5/X de la asamblea legislativa catalana, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Con tan explícito telón de fondo, la discusión parlamentaria ha servido en gran medida para poner en evidencia diversos modos de entender la operatividad de la Constitución ante el órdago soberanista.

En la órbita del respeto a la Norma Suprema, tanto el Partido Popular como el Socialista hicieron suyos los postulados fundamentales esgrimidos por el TC en su resolución, a saber: que el denominado derecho a decidir del pueblo catalán no existe, puesto que la soberanía nacional reside únicamente en el pueblo español en su conjunto (artículo 2 CE), sin que sea admisible su fragmentación. Así pues, en el marco constitucional vigente en la actualidad, la consulta soberanista resulta inviable. No cierra, sin embargo, el Tribunal la puerta a la posibilidad de que pueda llevarse a cabo dicha consulta, aunque dejando meridianamente claro que la puesta en marcha de cualquier iniciativa en tal sentido requeriría activar el trámite de revisión constitucional que la misma prevé en su Título X.

Teniendo muy presente el iter argumental trazado por el Tribunal Constitucional y utilizándolo como referente inmediato, los principales partidos estatales coincidieron en poner sobre la mesa el tema de la reforma constitucional, enarbolando la bandera del cambio en la Carta Magna como vía esencial para neutralizar el desafío independentista catalán. Tal coincidencia de base tendrá un escaso recorrido, dejando muy pronto en evidencia la existencia de posiciones divergentes entre ambas fuerzas políticas. Para el Gobierno, la Constitución actúa fundamentalmente como dique de contención de las aspiraciones secesionistas manifestadas desde Cataluña. El argumento esgrimido por el presidente Rajoy fue rotundo: si quieren independencia, acudan ustedes a la reforma. A nadie escapa, sin embargo, que en el actual contexto político nacional dicha vía resulta intransitable, dado que el movimiento independentista catalán carece de los apoyos necesarios para acometer tan complejo proceso. La invocación de la Constitución actúa, pues, como límite insuperable.

Una visión más conciliadora de la cuestión se ofreció desde las filas socialistas, recurriendo al cauce de la reforma constitucional como posibilidad que permitiría esquivar la ruptura y superar el conflicto. La idea central que, a modo de mantra, se repitió constantemente es la introducción de una fórmula federal en el texto constitucional. Dos son los flancos débiles que lastran esta propuesta, puesto que no sólo suscita el rechazo de las fuerzas nacionalistas catalanas, que la consideran abiertamente insatisfactoria y escasa, sino también del Partido Popular que, a día de hoy, sigue manteniendo una postura reluctante frente a la vía federal.

Cerrando el cuadro, los integrantes de la delegación catalana optaron por seguir ignorando los fundamentales escollos constitucionales derivados de la versión unilateral del "derecho a decidir". Ante la imposibilidad jurídica, la respuesta estaría en negar el valor de la Constitución como norma superior del ordenamiento. Más allá de la misma, la apuesta seguiría siendo articular un cauce de expresión a la voluntad independentista existente en la sociedad catalana. Para ello, la legitimidad del fin perseguido, no excluida por el Tribunal Constitucional, desplazaría a un plano accesorio el medio o la forma utilizada para su consecución.

Fijadas en estos términos las posiciones respectivas, resulta evidente que si nadie se mueve, seguiremos dando vueltas en el laberinto constitucional en el que estamos instalados en los últimos tiempos. Un laberinto cuya salida, como ya ha quedado claro, no está en la Constitución, sino más allá de la misma. Porque el problema suscitado antes que jurídico es sobre todo de índole política. Y en esas estamos, cada uno enrocado en su atalaya, lanzando brindis al sol y apelando a un diálogo que nadie se toma en serio. Entre tanto, mientras que la espiral independentista sigue creciendo y avanza por una senda que parece no tener retorno, a algunos nos ronda cada vez más por la cabeza el micro-relato de A. Monterroso: "Cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí". Pues eso.

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