LA perspectiva de unas elecciones andaluzas separadas de las generales permitía albergar esperanzas de un debate profundo sobre la extrema gravedad de los desequilibrios fundamentales que aquejan a nuestra tierra. No sólo los económicos, los sociales o los medioambientales, por hacer referencia a los tres ámbitos de la sostenibilidad de uno de los últimos eslóganes políticos frutados con la crisis, sino también sobre otros como la Justicia, el urbanismo, el modelo político-administrativo, las instituciones… cuya supervivencia también parece demandar una iniciativa reformadora de la máxima urgencia.

Precisamente ha sido la economía institucional una de las más fecundas fuentes de inspiración para entender el trasfondo de la actual crisis económica internacional y sus posibles salidas. Cuando los mercados no consiguen resolver las tensiones que ellos mismos generan, ni son capaces de eliminar las incertidumbres ni los riesgos derivados de sus propios fallos, es muy probable que las instituciones no estén realizando adecuadamente su trabajo.

Las instituciones no sólo son los organismos públicos o privados en torno a los que se articula la participación ciudadana o gremial en las decisiones de carácter general que les afectan, sino también, y sobre todo, el conjunto de leyes y normas que regulan la convivencia, la asignación de recursos y responsabilidades y los sistemas de méritos y sanciones. En su vertiente informal, también la costumbre y los hábitos contribuyen a la definición del marco institucional, así como el grado de cumplimiento de las normas, lo que permite intuir que de su estructura depende la forma en que la burocracia afecta a la eficiencia global de la sociedad, la proliferación de parásitos y buscadores de rentas, los incentivos a la corrupción o el reparto más o menos equitativo de las oportunidades.

Desde esta perspectiva, resulta frustrante el tipo de soluciones que hasta el momento han presentado los aspirantes a pilotar la reconstrucción de la economía andaluza desde su ruinoso estado actual. La convocatoria separada de elecciones está sirviendo para que Andalucía tenga un protagonismo inusitado como lugar de acogida de acontecimientos de trascendencia estatal, como el 38 Congreso del Partido Socialista en Sevilla, aunque con la perversa consecuencia de arrinconar todavía más el debate de otras cuestiones relevantes de ámbito exclusivamente andaluz. También decepciona, por otra parte, que las expectativas de voto en torno al desenlace de los episodios de corrupción que están abiertos conduzcan el debate por derroteros que se mueven entre una dosificación óptima de la información, presumiblemente en función de sus consecuencias electorales, frente a la numantina resistencia de los otros por aguantar hasta el 25 de marzo con una razonable capacidad de control de la situación. La consecuencia, en cualquier caso, es que las cuestiones verdaderamente trascendentes para los andaluces, entre ellas, las características básicas del modelo de desarrollo económico y social de los próximos años que cada partido supuestamente concibe, permanecen ocultas hasta el momento.

La Andalucía imparable y doblemente modernizada durante los últimos años colapsó completamente con la crisis de 2008 y carece de futuro en la actualidad. Andalucía no sólo ha dejado de crecer y de crear empleo, sino que también se contrae y genera desempleo más intensamente que el resto de España y de Europa, lo que significa que también se frenado la convergencia con ambas. Si la intensidad de la recesión de la economía española entre 2008 y 2010 se ha estimado en torno al 3,8%, en Andalucía se calcula alrededor del 4,3%, pero todavía peor es que este deterioro se ha venido acentuando cada año con respecto al anterior.

Algo parecido puede decirse con respecto a Europa, a la que conseguimos aproximarnos hasta rozar el 80% del PIB per cápita en 2008, pero de la que nos hemos vuelto a distanciar en los años posteriores hasta cerrar 2010 en torno al 76,5% de la media.

Andalucía necesita un nuevo rumbo, además de un paso previo por los astilleros institucionales, y a los partidos políticos habría que pedirles un especial esfuerzo de pedagogía para la explicación de ambos, con dos particularidades. Por un lado, evitar en lo posible la interferencia de los asuntos de ámbito nacional en el debate de las cuestiones específicamente andaluzas, recordando que, a pesar de la tremenda repercusión mediática de las decisiones del gobierno de España, buena parte de las iniciativas en materia de reforma institucional, es decir, de desarrollo de la legislación básica que se decide en Madrid, corresponde a la Junta de Andalucía. Por otro lado, teniendo en cuenta que los grados de libertad en la elección de la trayectoria está, especialmente en estos momentos, particularmente condicionado por un contexto asfixiante, en el que los estados ceden soberanía a las instituciones europeas, de la misma forma que se limita el margen de decisión de las autonomías frente al Estado, aunque siempre quede el consuelo del reconocimiento de que, según la Estrategia Europa 2020, estudios impulsados por la propia Comisión sostienen que la participación de las autoridades regionales en las políticas europeas puede incrementar significativamente la eficacia de dichas políticas.